Mentira y la intoxicación como arma política: La ultraizquierda y el caso "Puig Antich"

LFU

El
25 de septiembre de 1973 fue asesinado el Subinspector de la Policía Armada D.
Francisco Anguas, de 24 años. El autor de los dos disparos que terminaron con
la vida de Anguas fue Salvador Puig Antich, un miembro activo del Movimiento
Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL) de ideología
comunista-libertaria que había participado en varios atracos a sucursales de
entidades bancarias.

El
8 de enero de 1974 un tribunal militar, que de acuerdo con el Código de
justicia militar era la jurisdicción competente para el enjuiciamiento de los
asesinatos de miembros de las fuerzas de orden público, condenó a Salvador Puig
Antich a la pena de muerte. La sentencia condenatoria fue ratificada
por el Consejo Supremo de Justicia militar mediante sentencia de 11 de febrero
de 1974, que ordenó su ejecución.

De
conformidad con lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, la ejecución de
las sentencias de condena a la pena capital debían notificarse al Consejo de
Ministros que debía dar el enterado. Es decir, no se trataba de un acto
administrativo discrecional, sino reglado u obligado, por lo que conforme a lo
que establecía la ley, el Consejo no podía denegar el enterado, que era tan
sólo la confirmación de que se había cumplido el trámite legal de la
notificación previa de la ejecución de la sentencia.

A
estos efectos, la Ley Orgánica del Estado en su artículo 6 atribuía con
carácter exclusivo el ejercicio del derecho de gracia al Jefe del Estado,
modificando la Ley de Gracia y Justicia que desde 1870 confería tal derecho al
Consejo de Ministros.

El
Ministro de Justicia informó al Consejo de Ministros reunido el día 2 de marzo
de 1974 sobre la notificación de la próxima ejecución de la sentencia por parte
del Consejo Supremo de Justicia Militar, cumpliéndose así el trámite legal
establecido, sin que el Jefe del Estado ejerciese en aquél caso el derecho de
gracia.

Puig
Antich fue declarado culpable con pruebas irrefutables del asesinato, siendo
condenado a la pena establecida legalmente para el asesinato de miembros de
fuerzas del orden. En aquél contexto histórico, la pena de muerte estaba
vigente en la mayor parte de los países de nuestro entorno y no
digamos en el paraíso comunista de la URSS, en el que se ejecutaba sin juicio
previo a cualquier disidente político. En Francia, el
último ejecutado con guillotina en Francia fue
el inmigrante de origen tunecino Hamida Djandoubi el 10 de
septiembre de 1977, siendo abolida en 1981. En el Reino Unido, fue abolida en
1998. En Estados Unidos, sigue vigente en muchos Estados de la Unión.

Por
supuesto, en Cuba, China, Corea y todos los países comunistas tan ardientemente
defendidos por Podemos, sus confluencias y compinches, se encuentra plenamente
vigente y se aplica con profusión, por motivos estrictamente políticos y en
alguno de estos países se ha ejecutado a un Ministro de Defensa con un cañón de
artillería por tener el atrevimiento de dormirse en un desfile militar (aunque
seguramente Rufián o Garzón (el mozo de espadas de Podemos) le encuentran una
justificación a tamaño delito alegando que sería un espía fascista o
contrarrevolucionario.

Estos
son los hechos, que la ultra izquierda ha venido manipulando ad
nauseam desde hace años con el objeto de presentar la ejecución de Puig
Antich como un crimen de lesa humanidad, y poder culpar de ello a quienes en
aquél momento formaban parte del Consejo de Ministros.

Así,
bajo la inspiración y auspicio del juez prevaricador Baltasar Garzón, la
extravagante jueza de extrema izquierda María Servini en Argentina dictó un
delirante Auto en el que declarándose competente para el enjuiciamiento de los
hechos ocurridos en España en base al principio de justicia universal, imputaba
a todos los miembros del Consejo de Ministros no fallecidos, un delito de lesa
humanidad consistente en la “convalidación con su firma de la ejecución de
Salvador Puig Antich”, dictando una orden internacional de detención contra
ellos. Ni que decir tiene que la Interpol no dio curso a la citada
orden por tratarse de un proceso con motivaciones políticas y que la justicia
española rechazó de plano cualquier petición de la Jueza argentina por carecer
manifiestamente de jurisdicción para el enjuiciamiento de unos hechos que en
modo alguno podían constituir delito de clase alguna.

Pese
a ello, el aparato propagandista de la izquierda no tuvo reparos en culpar a
ministros como Carro, Fernando Suárez o José Utrera Molina (que ocupaban las
carteras de Presidencia, Trabajo y Secretaría General del Movimiento) de
“convalidar” la ejecución del asesino del policía Anguas. Y siguiendo la
estrategia estalinista de convertir una mentira en verdad a base de repetirla
hasta la saciedad, dicha intoxicación ha alcanzado a los dirigentes de partidos
tan “demócratas” como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña que no pierden
ocasión para repetir dicha mentira en las redes sociales y hasta en el
parlamento nacional ante el silencio de la mayoría.

Cuentan
con que a la mayor parte de la gente todo esto le importa una higa y
generalmente no encuentran ninguna contestación, por lo que no encuentran
obstáculos para dejar sembrada en internet tan repugnante y falaz especie.

Pues
bien, aunque muchos obligados moralmente a contestar han decidido dejarlo
pasar, algunos hemos decidido decir basta a las mentiras de la izquierda y
hacerles frente con la ley en la mano. Al día siguiente del
fallecimiento de mi padre, en un ejercicio de colosal bajeza y mezquindad el
diputado Rufián se lamentó de que mi padre hubiese muerto en la cama pese a
“haber firmado la sentencia de muerte de Puig Antich” (sic). Cualquiera
puede entender que en esos días sus deudos se dedicasen a todo menos a hacer
caso a las especies de semejante congénere.

Pero
el pasado 2 de marzo, aniversario de la ejecución del asesino del policía
Anguas –de quien sólo se acuerda su familia-, volvió a la carga, seguido por
alguno de sus secuaces, como la inefable Teresa Rodríguez de Podemos Andalucía
y otros conmilitones, haciendo un llamamiento público para que nadie olvide que
quienes firmaron la sentencia de aquél criminal hayan muerto en la cama.

Y
esta vez han tenido la mala suerte de que han topado con quienes no estamos
dispuestos a que se mancille nunca más el nombre de nuestro padre con mentiras
y patrañas, hartos ya de tanta mezquindad y de tanta calumnia impune. Esta es
la razón por la que hemos decidido acudir a la justicia para que, de una vez
por todas, los mentirosos, los calumniadores profesionales y los manipuladores,
respondan de sus actos y no se regodeen en la impunidad. Que se rasquen el
bolsillo y Dios mediante, sean condenados por mancillar con mentiras el honor
de un hombre grande como mi padre.

Y
de paso, para que quede en las redes como testimonio de la utilización de la
mentira y la intoxicación por parte de la izquierda de unos hechos en los que
la única víctima que merece el recuerdo y homenaje de todos los españoles se
llamaba Francisco Anguas, a quien un terrorista de ultraizquierda, atracador y
asesino, segó para siempre la vida a los 24 años de edad.

Mentira y la intoxicación como arma política: La ultraizquierda y el caso “Puig Antich”