Calvo Sotelo: crimen de Estado de la República

 
Ángel David Martín Rubio 
 
 
 
   En febrero de 1936, con la ocupación del poder por el Gobierno respaldado en las Cortes republicanas por el Frente Popular, el proceso revolucionario entra en una nueva etapa. No olvidemos que la ofensiva se había iniciado con anterioridad y en ella se venían utilizando los métodos radicales de la acción directa junto a otros tendentes a la ocupación de los resortes gubernamentales.
 
   El fraude electoral y la destitución del Presidente de la República provocaron una ilegitimidad que no se revela menos radical en lo que se refiere al ejercicio del poder tanto en la labor parlamentaria y de Gobierno como en la tolerancia y aliento de los incendios, despojos y asesinatos cuyo balance provisional se hizo varias veces desde el Parlamento.
 
Datos biográficos
 
   Pocos de entre los diputados derechistas tenían una trayectoria profesional y política más brillante que el autor de buena parte de estas denuncias de la situación revolucionaria que se vivía en la República del Frente Popular. José Calvo Sotelo cuya más reciente y completa biografía fue publicada por Alfonso Bullón de Mendoza (José Calvo Sotelo, Ariel, 2004). Nacido en Tuy (Pontevedra) el 6 de mayo de 1893, se licencia en Derecho en Zaragoza y en los estudios para el doctorado en la Universidad de Madrid se hace acreedor a la predilección de su catedrático Gumersindo Azcárate que admira ya en él la ciencia jurídica así como su elocuencia, precisión lógica y rigor metódico. Obtiene el premio extraordinario del Doctorado con su tesis acerca del abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo.
 
   Hace oposiciones a oficial de Administración del Ministerio de Gracia y Justicia. Intensifica los estudios, se le ve frecuentar las bibliotecas, concurre a los círculos literarios y al Ateneo, donde más de una vez se enfrenta con Azaña y el grupo de intelectuales que le respalda. En 1915 es nombrado secretario de la sección de Ciencias Morales y Políticas. Por estos años trabajará activamente en las filas del maurismo y como crítico musical y de Bellas Artes en la Redacción de El Debate. En 1916 obtiene el número uno en las oposiciones de Abogados del Estado y, destinado a Toledo, contrae matrimonio con Enriqueta de Grondona dando origen a un hogar cristiano y ejemplar. Desde 1917 es profesor auxiliar de la Facultad de Derecho en Madrid y en 1919 es elegido diputado a Cortes por Carballino. En 1921 vuelve a representar al distrito y es designado gobernador civil de Valencia.
 
   Formado el Directorio Militar que preside el General Primo de Rivera, el 23 de diciembre de 1923 Calvo Sotelo se le confía la Dirección General de Administración Local y, desde allí, promueve los Estatuto Municipal y Provincial. Más tarde llega al Ministerio de Hacienda desde el que pone en marcha medidas destinadas a evitar la ocultación de la riqueza, la vigorización de los instrumentos fiscales de liquidación, recaudación e inspección y a que la imposición fiscal recayera preferentemente sobre las rentas personales. Tal vez el aspecto más trascendente de su labor sea la creación del Monopolio de los Petróleos, al igual que del Banco Exterior de España como un medio para apoyar las exportaciones.
 
   Con la proclamación de la República, vivirá varios años exiliado en Portugal y Francia y, a su regreso a España en 1934, reanuda la actividad política al frente de Renovación Española representando a los monárquicos alfonsinos cada vez más distanciados del liberalismo. Calvo Sotelo se convertirá en el más destacado dirigente político de las derechas sobre todo una vez que quedó completamente desacreditada la táctica liberal y colaboracionista de Gil Robles.
 
Primavera trágica
 
   En 1936, presenta su candidatura por Orense y vuelve a triunfar como en los anteriores comicios pero el Frente Popular propone la anulación de su acta. Tan patente era el atropello, que Mariano Ansó Zunzarren (que habría de ser en 1937 Ministro de Justicia del Frente Popular) hizo uso de la palabra para hacer constar en la sesión celebrada el  2 de abril de 1936 que la referida Comisión modificaba su criterio y proponía su proclamación como Diputado a Cortes si bien reconociendo “los sacrificios” que habían tenido que hacer para llegar a este cambio de opinión, y que lo habían realizado “para que uno de los enemigos más encarnizados del régimen, de los Gobiernos republicanos y del Parlamento, no pueda salir con justicia a la calle a decir que nos hemos entregado a una persecución sañuda e injusta”.
 
   Son de sobra conocidas las intervenciones de Calvo Sotelo en el Parlamento denunciando las violencias y coacciones llevadas a cabo por los frentepopulistas en toda España. Debe tenerse en cuenta que, desmoralizada la CEDA, encarcelado José Antonio Primo de Rivera y sometida la prensa a una censura rígida por parte del Gobierno, únicamente llegaba a los más apartados rincones noticia exacta de lo que estaba ocurriendo a través de sus discursos. Por eso no resulta extraño que se convirtiera en objetivo preferente del Frente Popular cuyos miembros no se recataron de amenazarle de muerte en la propia Cámara. Dejando aparte palabras como las de Dolores Ibarruri la Pasionaria: “este hombre ha hablado por última vez”, quien empleó unos términos más claros  fue el presidente del Gobierno Santiago Casares Quiroga. Para Bullón de Mendoza, la intención de Casares no era amenazar de muerte a Calvo Sotelo pero sus palabras tuvieron el efecto de “marcarle como blanco” (Cfr. ob.cit., 634ss.). Calvo Sotelo le replicaba en los siguientes términos el 16 de junio de 1936:
 
   “Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese Banco Azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, y por tanto no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Lo repito: mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para gloria de España, las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis”. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Pero a mi vez invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, puesto que es hombre de honor; estrechamente, día a día, hora a hora, por lo que hace, por lo que dice, por lo que calla. Piense que en sus manos están los destinos de España, y yo pido a Dios que no sean trágicos. Mida su señoría sus responsabilidades; repase la historia de los veinticinco últimos años y verá el resplandor doloroso y sangriento que acompaña a dos figuras que han tenido participación primerísima en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría, que fueron Kerensky y Karoly. Kerensky fue la inconsciencia; Karoly, la traición a toda una civilización milenaria. Su señoría no será Kerensky porque no es inconsciente; tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. ¡Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karoly!”
 
   A partir de este punto seguimos –en ocasiones literalmente tal como fueron expuestos en el libro La dominación roja en España (pp. 6-14)- los testimonios aportados en la Causa General.
 
El crimen de Estado
 
   El 29 de junio de 1936, el agente de Policía de la plantilla de Madrid, Rodolfo Serrano de la Parte, es llamado a la Dirección General de Seguridad, que desempeña José Alonso Mallol, para que, en unión del también agente José Garriga Pato, se encargue de la escolta de Calvo Sotelo, sustituyendo a la anterior, compuesta por elementos de confianza. Cuando comparecen ante el jefe del personal, Lorenzo Aguirre Sánchez se les hace saber que su misión no sería de protección, sino de espionaje, debiendo dar cuenta diaria y detallada de las personas con quienes se relacionara. Dos días más tarde, les advierte -en nombre del Director General de Seguridad- que, en caso de ocurrir un atentado, debían simular una protección si sucedía en sitio céntrico y si era descampado, ayudar a darle muerte.
 
   Rodolfo Serrano, incapaz de cumplir esta orden, se lo comunica inmediatamente al Diputado a Cortes D. Joaquín Bau Nolla, íntimo amigo de Calvo Sotelo en una entrevista que se inicia en los pasillos de la Cámara de los Diputados y se continúa al día siguiente en una cervecería de la calle de Alcalá. Cuando Bau y Calvo Sotelo visitan al Ministro de la Gobernación para darle cuenta de las denuncias, éste no tiene en cuenta las advertencias y Aguirre, no sólo continuó con la confianza del Gobierno, sino que más tarde fue premiado con el cargo de Jefe Superior de Policía de Madrid mientras que Serrano de la Parte era trasladado inmediatamente a Galicia.
 
   En las primeras horas de la noche del 12 de julio de 1936, el Teniente de Asalto, afecto al Frente Popular, José Castillo, es asesinado por unos desconocidos al cruzarse con él en la calle, no habiendo el Gobierno del Frente Popular logrado averiguar ni decir quiénes fueron los asesinos. Con razón afirma Luis Suárez:
 
   “Comparar el asesinato del teniente Castillo con el del líder de la oposición tratando de justificar la segunda, parece incorrecto. En primer término porque la venganza nunca es un valor positivo. La muerte de Castillo carece de justificación y correspondía al Gobierno, la policía y los tribunales detener, juzgar y castigar a los culpables. Era una más en la cadena de violencias que Gil Robles denunciara y constituía negligencia e incapacidad del Gobierno el que no se corrigieran debidamente. Pero el asesinato del jefe de la oposición tenía todas las características de un crimen de Estado, ejecutado por policías de uniforme, que empleaban su poder oficial con alevosía y nocturnidad. Un Estado que consentía tales cosas y no quería o no podía castigarles había perdido, sin duda, toda legitimidad: cualquier ciudadano podía ser impunemente asesinado. Éste es un dato histórico”
(Franco: Crónica de un tiempo. I. El General de la Monarquía, la República y la Guerra Civil. Desde 1892 a 1939, Actas Editorial, Madrid, 1999, 313-314).
 
   A partir de este suceso, los jefes y oficiales del Cuerpo de Asalto del cuartel de Pontejos, inmediato al Ministerio de la Gobernación, celebran conferencias con este Ministro, con el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Casares Quiroga, y con el Director General de Seguridad, Alonso Mallol. Las principales figuras que mantienen estas entrevistas son el Comandante Ricardo Burillo Stolle, el Teniente Máximo Moreno y el Capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil este último, todos ellos de la entera confianza del Frente Popular.
 
   En las primeras horas de la madrugada del 13 de julio de 1936 sale del cuartel de Pontejos el autocar número 17, al servicio del Cuerpo de Asalto. Es conducido por el guardia Orencio Bayo Cambronero, y ocupan asientos al interior: Victoriano Cuenca, pistolero y persona de absoluta confianza de Indalecio Prieto; José del Rey Hernández, guardia del Cuerpo indicado, adscrito a la escolta personal del Diputado socialista Margarita Nelken, y los también guardias de Asalto Amalio Martínez Cano, Enrique Robles Rechina, Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Vela, Ricardo Cruz Cousillos y Aniceto Castro Piñeira. El estudiante del último curso de Medicina, Federico Coello García, afiliado al Partido Socialista y persona de la intimidad de Indalecio Prieto; Santiago Garcés y Francisco Ordóñez, de las Juventudes Socialistas, también hombres de acción y de la confianza de Prieto. Al mando de todos, en el mismo vehículo, iba, vestido de paisano, el Capitán de la Guardia Civil Fernando Condés. Pocos minutos después parte detrás del autocar un coche de turismo, ocupado por los oficiales del Cuerpo de Asalto, Capitanes Antonio Moreno Navarro e Isidro Avalos Cañada, y los Tenientes Andrés León Lupión, Alfonso Barbeta y Máximo Moreno. Se dirigen directamente al domicilio de Calvo Sotelo en el número 89 de la calle de Velázquez.
 
   Descienden del autocar el Capitán Condés, José del Rey, Victoriano Cuenca y algunos otros números de Asalto; franqueado el portal por el sereno, suben al piso; llaman al timbre de la puerta y acude una criada que, sin abrir, pregunta quién es, contestándosele que abriese a la Autoridad, que iba a hacer un registro. La criada se retira sin abrir y da cuenta de lo que ocurre al dueño de la casa, que se encontraba descansando; se levanta, sale al recibimiento y abre la puerta de entrada, preguntando qué deseaban. Replica el Capitán Condés -que, como se ha dicho, iba vestido de paisano- exhibiendo su carné militar, “que tiene que hacer un registro”. Se distribuyen por las habitaciones, fingiendo la práctica del mismo, inutilizan el teléfono y manifiesta el Capitán a Calvo Sotelo que la Dirección General de Seguridad ha ordenado su detención. Éste hace patente su calidad de Diputado a Cortes, que prohíbe esa detención, salvo en casos de flagrante delito, que no existe; pretende hablar con la Dirección de Seguridad, notando entonces que está inutilizado el teléfono; impiden a los familiares salir del domicilio en demanda de auxilio, siendo ineficaces las protestas del Jefe del Bloque Nacional, que no tolera, como Diputado, su detención, y cede ante la palabra de caballero que da el Capitán Condés de que dentro de cinco minutos se encontrará en la Dirección General de Seguridad, en la que podría alegar cuanto estimase oportuno.
 
   Entra en el dormitorio para terminar de vestirse, y allí le siguen Condés y Del Rey. Mientras, su señora prepara un maletín con los útiles más precisos de aseo, unas cuartillas y una pluma, y ruega angustiosamente a su marido que no se marche. En el cuarto de sus hijos; da un beso a cada uno de ellos, que duermen. La mayor, Conchita, despierta y pregunta a su padre adónde va; la tranquiliza Calvo Sotelo, así como a su esposa, de la que se despide en el recibimiento prometiéndola que en cuanto llegue a la Dirección General de Seguridad hará por comunicar con ella, y mirando a los que le rodeaban, agregó: “si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros”.
 
   Baja rápido la escalera, y ya en el portal, encarga al portero que avise a sus hermanos, pero que nada digan a sus padres. Cuando sube al autocar número 17, se vuelve, buscando al Capitán Condés con la vista, preguntándole si subía, y al contestarle que sí, dijo: “Vamos a ver qué nos quieren”, despidiéndose de los familiares, que estaban en los balcones, diciéndoles adiós con la mano.
 
   Calvo Sotelo se sienta en el tercer departamento del autocar, contando como primero el correspondiente al conductor, y ocupa el cuarto asiento del autocar en dicho departamento; a su derecha y a su izquierda se colocan un guardia de Asalto y un guardia del escuadrón de Caballería, también de Asalto, respectivamente. Inmediatamente detrás del diputado se sienta Victoriano Cuenca; el Capitán Condés y José del Rey ocupan los asientos contiguos al del conductor, y son distribuidas en los demás lugares, las personas que antes se mencionaron, cuidando Condés de que no ocuparan los asientos inmediatamente anteriores a Calvo Sotelo.
 
   El vehículo se pone en marcha, recorre unos cuantos metros, y al llegar a la altura del cruce de la calle de Ayala con la de Velázquez, Victoriano Cuenca empuña una pistola, que dirige hacia la nuca del diputado y sin que éste pueda darse cuenta de la agresión -está dando su espalda al agresor-, hace dos disparos consecutivos, tan inmediatos, que dan la impresión a los que van en el automóvil de que ha sido un solo disparo.
 
   El cuerpo es abandonado en el Cementerio del Este y los asesinos vuelven al Cuartel de Pontejos. El guardia Tomás Prez limpia inmediatamente el autocar y hace desaparecer las manchas de sangre.
 
   Mientras, los familiares y amigos de Calvo Sotelo se movilizan para tratar de averiguar qué le ha ocurrido; unos y otros se encargan de hacer llegar a la Dirección General de Seguridad y al Ministerio de la Gobernación las noticias y detalles del secuestro pero no se toma medida alguna Y eso a pesar de que el subsecretario de Gobernación Ossorio y Tafall fue informado por el Teniente Coronel de Asalto Sánchez Plaza de que el autocar número 17 había llegado al cuartel de Pontejos con manchas de sangre que, según los guardias ocupantes, se debían a la hemorragia nasal de uno de ellos, y que todos habían sido de nuevo distribuidos para prestar diversos servicios y el Director General de Seguridad conocía lo ocurrido en el domicilio de Calvo Sotelo por la información de un Comisario de Policía. La única medida que se adopta a las ocho de la mañana del día 13 de julio de 1936, es la detención del chófer conductor del autocar número 17 y la de un oficial de Asalto, con la impresión de que se procuraba únicamente cubrir las apariencias.
 
   Sobre el mediodía del 13 de julio de 1936 la Dirección del Cementerio del Este ponía en conocimiento de la Alcaldía de Madrid que el cadáver de Calvo Sotelo se encontraba en el Depósito del cementerio, dónde había sido reconocido por el comunicante.
 
   El cadáver se amortajó con hábito franciscano y con una bandera de España. Sobre su tumba, Antonio Goicoechea pronunció unas palabras que se convirtieron en realidad a los pocos días:
 
   “No te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti; te pedimos que ruegues tú por nosotros. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo; porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España”.
 
La responsabilidad del Gobierno
 
   La actuación judicial se verá entorpecida por los elementos del mismo Gobierno. Cuando se trata de practicar una diligencia de reconocimiento en rueda, para que familiares y criados reconozcan a las personas que se habían presentado en el domicilio de Calvo Sotelo en la madrugada del día 13, no son los que allí estuvieron los que fueron a la rueda, sino otros guardias de Asalto y personas diferentes.
 
   Cuando se logra fijar la actuación del Teniente Máximo Moreno; éste, que en el mismo día 13 de julio se refugió en la Dirección General de Seguridad, elude presentarse ante la Autoridad judicial, y, amparado por el Gobierno, continúa en aquel edificio para evitar el otro, interrogatorio judicial y las posibles represalias de elementos hostiles o simplemente indignados por el hecho ocurrido. Compareciendo, por fin, un día a las cuatro de la tarde, acompañado del Fiscal General de la República, y, según las declaraciones que constan en la Causa General, se limito la declaración a un acto puramente formulario. No obstante la defectuosa investigación judicial, el 25 de julio de 1936 un grupo de diez o doce milicianos se apoderó del Sumario en el Palacio de Justicia y lo hizo desaparecer.
 
   No resulta necesario demasiado énfasis para poner de relieve la responsabilidad del Gobierno y el deterioro irreversible del Estado de Derecho que revelaba el asesinato de Calvo Sotelo  así como su significación histórica en el proceso revolucionario que se había iniciado en febrero de 1936. La responsabilidad indirecta, por omisión, está fuera de toda duda, la implicación directa no se puede probar con un documento escrito que, lógicamente, no existió y estaría relacionada con toda la serie de conversaciones, sostenidas entre los ejecutores y altos cargos, cuyo contenido exacto desconocemos. En todo caso, no debemos olvidar que el Gobierno se sostenía gracias al apoyo Parlamentario de los promotores de todas las violencias llevadas a cabo durante este período por las organizaciones del Frente Popular.
 
Cerrados todos los caminos a las soluciones políticas
 
   Al cerrarse el 15 de julio la última sesión de la Diputación Permanente de las Cortes podía hacerse el siguiente balance:
 
   “Desacreditado el sufragio, invalidado el Parlamento, asesinado por fuerzas servidoras del Estado el Jefe más representativo de la oposición, aceptada la violencia y la beligerancia como norma gubernamental, desatada la pasión sanguinaria, parecen cerrados todos los caminos a las soluciones políticas y a la esperanza. Estas son las conclusiones que se deducen del acta de la dramática sesión, que es como un responso a las instituciones democráticas muertas a mano airada por quiénes se habían erigido en sus definidores y guardianes”
(Joaquín Arrarás).
 
   Como a otros muchos españoles, el asesinato de Calvo Sotelo conmovió profundamente a Francisco Franco. Él estaba convencido que al Ejército no le es lícito sublevarse contra un Partido ni contra una Constitución porque no le guste; pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la Patria cuando está en peligro de muerte. Estaba decidido a sumarse al Alzamiento pero ahora se vio impelido con toda urgencia a una sublevación en la que era necesario adelantarse al enemigo si se esperaba tener alguna posibilidad de éxito:
 
   “Al mediodía del 13 de julio con gran indignación mi primo afirmó que ya no se podía esperar más y que perdía por completo la esperanza de que el gobierno cambiase de conducta al realizar este crimen de Estado, asesinando alevosamente a un diputado de la nación valiéndose de la fuerza de orden público a su servicio. La decisión de Franco era definitiva e irrenunciable. Yo no lo dudé un momento y puedo afirmar que sentí deseos de que cuanto antes se alzase contra el gobierno del Frente Popular mucho mejor, pues nos estábamos exponiendo a que los comunistas nos ganaran la mano y, con ello, se llevasen la ventaja de la iniciativa. Este horrendo crimen había de unir a todos los elementos de orden y justificaba por completo la iniciación del movimiento militar”
(Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mi vida junto a Franco, Planeta, Barcelona, 1977, 150).
 
 
 
Fuente: http://tradiciondigital.es/2013/07/13/calvo-sotelo-crimen-de-estado-de-la-republica/