El extraño caso del juez que encausó al General Franco en 1936

 

 

 

 

 

   A raíz del Alzamiento de 1936, la República del Frente Popular encomendó a un órgano judicial ad hoc «un expediente general sobre la rebelión militar». Los principales encausados de este sumario eran los considerados por el Frente Popular como ex generales Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano, Miguel Cabanellas entre otros. Uno de los jueces que auxiliaban en la formación del sumario se llamaba Humberto Llorente Regidor, del Juzgado número 12 de Madrid. El sumario sólo llegó a ser una acumulación de información, porque evidentemente nunca se llegó a juzgar a ninguno de los encausados porque el Frente Popular fue vencido el 1 de abril de 1939. 

 

Depuración en 1940 

 

   Si se sigue la doctrina impuesta por la Memoria Histórica, habría que suponer que ya que el citado juez Llorente Regidor participó en tal sumario debió de ser fusilado como mínimo. Pero esto no es así, Humberto Llorente ni siquiera se exilió. En 1939 fue depurado como todos los funcionarios, en este caso, del Poder Judicial. La Jefatura de Depuración de la Administración de Justicia estudió el caso del citado juez y propuso al Ministro de Justicia, Esteban Bilbao que debía ser admitido al servicio pero con traslado forzoso de Madrid y con la imposibilidad de solicitar vacante en dos años; sin embargo, recuperaría su sueldo desde el 24 de septiembre de 1940. Una decisión de entrada sorprendente teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas durante la Guerra Civil. 

 

 

   Esta decisión del Ministro de Justicia no era pura retórica (pudieran decir los partidarios de la mentira de la Memoria Histórica). Apenas año y medio después, el 22 de enero de 1942, el General Franco refrendó un decreto también firmado por Esteban Bilbao en el cual se nombraba a Humberto Llorente Regidor (magistrado de ascenso) Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca. En 1955 fue jubilado sirviendo en la misma Audiencia. Un año después, por Orden del Ministro de Justicia Antonio Iturmendi Bañales le fue concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Esta insignia fue creada por el Ministro de Justicia Eduardo Aunós, con la conformidad del General Franco, por Decreto de 23 de enero de 1944 «para premiar los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios de la Administración de Justicia». Así de sorprendentes son las cosas.