El origen de la energía nuclear en la España de Franco, por José Luis Orella

José Luís Orella

Historiador y Profesor Universitario

Revista Afán nº33

España creció y se transformó económicamente en la década de los sesenta, para mantener ese ritmo, uno de los factores más importantes era garantizarse el suministro regular y abundante de energía barata. El uso de la energía nuclear iba a poner una nueva distancia entre los futuros países desarrollados y los marginados. España tenía la ambición de no perder ese tren de desarrollo tecnológico y de energía barata. Pero necesitaba instituciones, personal especializado y la materia prima, el uranio. Con respecto a esto último, éramos afortunados, al ser nuestro país, junto a Francia y la república Checa, los países europeos que disponen de yacimientos propios de uranio. En el caso español, localizados en las provincias de Córdoba, Badajoz y Salamanca.

La investigación nuclear en España se inició el 8 de octubre de 1948, con la constitución de una Junta de Investigaciones Atómicas, de la cual formaron parte José María Otero Navascués (ingeniero de Artillería de la Armada, director del LTIEMA y del Instituto de Óptica del CSIC “Daza Valdés”) , Manuel Lora Tamayo (catedrático de Química Orgánica), Armando Durán Miranda (catedrático de la Facultad de Ciencias y jefa de la Sección de Óptica Geométrica y Cálculo de Sistemas del Instituto de Óptica del CSIC) y José Sobredo y Rioboo (oficial del Cuerpo de Intendencia de la Armada y miembro del Cuerpo Diplomático). El JIA tenía como objetivos la formación y obtención de personal cualificado; hallazgo de pequeños yacimientos de uranio y preparar una pila termonuclear. El 22 de octubre de 1951, se creó la Junta de Energía Nuclear (JEN), que inició la colaboración tecnológica con los norteamericanos, gracias al programa “átomos por la paz”, del presidente republicano Eisenhower.

La llegada de Gregorio López Bravo al ministerio de Industria, donde estuvo de 1962 a 1969, será decisiva. Para el ministro, el JEN debía impulsar la industria nuclear nacional y no ser sólo una institución científica. La primera central española surgió en Almonacid de Zorita (Guadalajara), el 14 de julio de 1968, y fue dotada de un reactor PWR de 160 MW, refrigerándose en las aguas del Tajo. Tres años más tarde, entrará en funcionamiento en 1971, Santa María de Garoña (Burgos), con un reactor BWR de 48o MW y utilizando como refrigeración las aguas del Ebro. Ambas utilizaron como combustible uranio enriquecido, que solo los EEUU disponían de la tecnología para proceder a su enriquecimiento. En 1972, entró en servicio Vandellós 1 (Tarragona), con una potencia de 500 MW, debidas a su reactor GCR, conformando la denominada primera generación de centrales nucleares españolas. Esta última, que utilizaba para refrigerarse las aguas del Mediterráneo, era propiedad de la EDF y una serie de empresas catalanas. Era la única que utilizaba como combustible uranio natural, y como moderador grafito, especialidad casi en exclusiva de la tecnología de la Francia. El célebre periodista, Josep Pla, admirador del modelo gaullista, ayudó a los empresarios catalanes a ponerse en contacto con el almirante Carrero Blanco, verdadero impulsor de la energía nuclear en España. Este será inicio de la carrera fulgurante de Pere Duran i Farrell, ingeniero de caminos, vinculado al Banco Urquijo, quien traerá el gas natural de una Argelia recién independizada a España.
La necesidad de energía barata para alimentar el formidable desarrollo moderno de país, se organizó mediante el primer Plan Eléctrico Nacional, correspondiente al periodo dei enero de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1981. Se procedió a la construcción de la segunda generación de centrales nucleares, conformada por Almaraz I y II (Cáceres), Lemóniz I y II (Vizcaya), Ascó I y II (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), que debían sumar en conjunto una potencia de 6.714 MW. El proyecto final de construcciones, similar al francés, que en la actualidad tiene en funcionamiento 59 centrales nucleares, preparaba un mapa de realizaciones de 41 centrales nucleares en España, que dotarían de abundante energía, y la tan ansiada autonomía energética nacional. Sin embargo, aunque sabemos de los lugares de las que estaban ya en proyecto: Regodola (Lugo), Lamuño (Asturias), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Valencia de Don Juan (León), Sayago (Zamora), Azutan (Toledo), Almonte (Huelva), Tarifa (Cádiz), Aguilas (Murcia), Ispaster (Vizcaya), Punta Endala (Guipúzcoa), Oguella (Vizcaya), Vergara (Guipúzcoa), Tudela (Navarra), Chalamero (Huesca), Sástago (Zaragoza), Escatrón (Zaragoza), Ametlla (Tarragona), Delta del Ebro (Tarragona). Tras el asesinato del almirante Carrero Blanco, los gobiernos posteriores paralizaron el programa. Con respecto a Lemóniz I y Ii, no llegaron ni activarse por la amenaza terrorista de ETA, que asesinó a varios de sus trabajadores. Diez años después, se suspendieron las obras de 7 centrales nucleares (Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I). Las pérdidas se evaluaron en 729.000 millones de pesetas, que les fueron devueltas a las compañías eléctricas, autorizando el gobierno el cobró de un canon en el recibo de la luz a todos los contribuyentes españoles.

Según la visión que tenía Carrero Blanco, y que todavía se planteaba como realizable, entre 1977 y 1982 debían entrar en servicio 20 centrales nucleares, completando las del periodo anterior. Las veinte centrales nucleares debían sumar en conjunto una potencia de 19.210 millones de kilovatios/hora. De ellas, ocho tendrían una potencia de loco millones. En fecha tan temprana como 1975, España ya era la séptima potencia nuclear del mundo, detrás de EEUU, URSS, Gran Bretaña, Francia, Alemania (RFA) y Japón. La moratoria nuclear del gobierno socialista de Felipe González, en la década de los ochenta, eliminó cinco centrales nucleares, apostando por el gas natural, que nos convirtió en dependientes del extranjero, y por las energías renovables, que no tienen la misma capacidad de producción. En la actualidad las centrales nucleares supervivientes representan un 25 % de la energía total producida en España. La dependencia excesiva del exterior y la pérdida del accionariado de nuestras empresas, en manos de multinacionales, ha impedido el desarrollo de un plan energético representativo de los intereses soberanos de nuestro país.