¿Funcionó el Valle de los Caídos como un campo de concentración?, por Alberto Bárcena

Alberto Bárcena

Entre las mentiras establecidas por la historiografía académica progresista para formar la ‘memoria histórica’, destaca el Monumento Nacional a los Caídos o Valle de los Caídos. De él se dice que lo hizo construir el general Francisco Franco como su propio mausoleo, como un faraón con una pirámide, cuando la verdad es que el rey Juan Carlos I ordenó inhumar allí su cuerpo. El lugar también se presenta como un gran campo de concentración donde 20.000 esclavos fueron destinados a cumplir sus penas en régimen de trabajos forzosos. El profesor Alberto Bárcena desmontó esta ‘nueva leyenda negra’ en su tesis doctoral: número de trabajadores (800 como máximo) en las obras, escasa siniestralidad y ventajas obtenidas por los presos de guerra que solicitaron su traslado: redención de condenas (6 días de sentencia por día trabajado), salario base igual al de cualquier trabajador, convivencia familiar, educación para los hijos y beneficios en vivienda y economatos.

Among the lies established by progressive academic historiography to form the ‘historical memory’ stands out the National Monument to the Fallen or Valley of the Fallen. It is said that General Francisco Franco had it built as his own mausoleum, like a pharaoh with a pyramid, when the truth is that King Juan Carlos I ordered Franco’s body to be buried there. The place is also presented as a large concentration camp where 20,000 slaves were assigned to serve their sentences under forced labor. Professor Alberto Bárcena refuted this ‘new black legend’ in his doctoral thesis: number of workers (800 maximum) in the works, low accident rate and advantages obtained by prisoners of war who requested their transfer: redemption of sentences (6 days of the sentence per day worked ), base salary equal to that of any worker, family coexistence, education for the children and benefits in housing and stores.

La Redención de Penas por el Trabajo

El principal problema que ofrece la investigación sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos es la politización que rodea todo lo relacionado con el monumento. Dicha politización ha sido la causa de que la mayor parte de las obras publicadas sobre el tema ofrezcan una visión muy negativa del sistema penitenciario del franquismo, empezando por la distorsión que se ha generalizado en cuanto al número de presos existente en las cárceles de posguerra. Las cifras oficiales de las que disponemos se han multiplicado por dos, cinco o hasta veinte, según algunos autores, creando la visión de una España convertida toda ella en una “inmensa prisión”, presidida por un sistema represivo de tal magnitud que justificaría el término acuñado por cierta historiografía de “universo penitenciario del franquismo” para referirse a las cárceles del régimen de Franco.

En torno a los trabajadores penados se han creado una serie de mitos que podríamos resumir en el más arraigado: considerarlos “esclavos” de Franco, con todo lo que significa de humillación

Se han creado en torno a la situación de los trabajadores penados, las razones de su permanencia en el Valle y lo que esto representó para ellos, una serie de mitos que podríamos resumir en el más arraigado: considerar a los penados como “esclavos” de Franco, con todo lo que esa palabra significa de humillación y explotación de la persona a quien se le niegan los más elementales derechos. Según la historiografía adversa, los supervivientes salieron de allí dañados, física y moralmente, de manera grave e irreversible.

El más llamativo de estos mitos es el de la cifra supuesta de 20.000 trabajadores penados que trabajaron en Cuelgamuros. Generalmente, los mismos textos que presentan la construcción del Valle de los Caídos (1940-1958) con esos tintes siniestros, empiezan por condenar la propia figura de la Redención de Penas por el Trabajo como un invento del régimen franquista para encubrir, hipócritamente, sus intenciones de explotación de los reclusos-penados, cuando no como un fabuloso negocio del Estado y de las empresas favorecidas por él. La intervención de la Iglesia en el desarrollo práctico de la idea suele interpretarse como un simple intento de adoctrinamiento de la población reclusa. Se ha llegado a presentar a la Iglesia como “verdugo” colaborador del régimen en el plan de supuesto exterminio programado que se habría realizado en las prisiones para eliminar al “enemigo vencido”.

La Redención de Penas por el Trabajo significó una clara ventaja para la población reclusa española de posguerra. Fue una figura clave en el sistema penitenciario español del primer franquismo, que sólo trajo ventajas para los penados que se acogieron a ella. Ninguno de los argumentos en contra de esta tesis ha sido probado por quienes los sostienen. Ni siquiera han sido demostradas las intenciones supuestamente egoístas, cuando no perversas, que habrían motivado su introducción. Pues el sistema de redención pone más bien de manifiesto el interés prioritario del Estado por liberar a la mayor cantidad posible de penados, a fin de proceder a una normalización de la vida social tras el colapso de la Guerra Civil.

Tampoco ocultaron los creadores del sistema, empezando por el Padre Pérez del Pulgar, que se trataba de aliviar la carga económica que tal población reclusa suponía para el Estado, sobre todo en un momento de tantas dificultades como era aquél: los presos podrían, a través del trabajo, contribuir a su propio mantenimiento.

Al margen de estos dos intereses —comprensibles y reconocidos— el Estado ofrecía al preso una serie de ventajas que, de hecho, pudieron disfrutar los que lo solicitaron:

1) La fundamental era la reducción de la condena en función de los días trabajados. Se establecía en un principio la redención de un día de condena por día trabajado, para ir ampliándola a dos, tres, cuatro, y hasta seis días por día trabajado, en función de la actitud y rendimiento del recluso. Recordemos que la legislación complementaria estableció que tanto las horas extraordinarias como los destajos contabilizaran a efectos de redención de condena. Incluso los días en los que el recluso no pudiese realizar su trabajo por enfermedad, se contabilizaban igualmente.

Se contabilizaron también a los mismos efectos las actividades culturales desarrolladas por el penado, incluyendo su propia formación, controlada a través de los exámenes realizados en la prisión. Se redimía pena por “leer en la galería” o incluso por “escuchar con atención”.

2) Los reclusos pasaban a tener unos ingresos, descontada la parte destinada a su manutención, en función de sus cargas familiares: mujer sin medios de vida e hijos menores.

Suele presentarse el importe de su jornal como una cantidad mísera, pero era el mismo —o muy similar— al que percibían los trabajadores libres. Tan es así que la propia ley establecía límites al sistema para intentar evitar que el trabajador-recluso pudiese llegar a percibir jornales superiores a los de los “braceros de la localidad”, lo que incluso llegó a ocurrir en el Valle de los Caídos en algunos casos. Los ingresos, como hemos visto, quedaban establecidos en función de la categoría profesional del recluso, como en el caso de los libres.

3) Además, los penados recibían otras prestaciones gracias al trabajo desinteresado de las Juntas Locales, instituciones creadas para mantener contacto con las familias de los penados en sus respectivas localidades. Especialmente importante fue la labor realizada a lo largo de 1941 con el fin de colocar a los hijos de los penados en colegios concertados al efecto por dichas Juntas. Los padres contribuían al mantenimiento y educación de sus hijos, con una parte del producto de su trabajo, pero la diferencia la aportaba el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo (PCRP) —organismo estatal—, recibiendo además los beneficios de los economatos. Aquel año, 4.000 niños, hijos de presos, fueron escolarizados por este procedimiento, y otros 7.000 figuraban en lista de espera tras cursar las familias las solicitudes en el Patronato o las Juntas Locales.

4) Algunos presos lograron también acceder a formación profesional dentro de las prisiones en oficios como carpintería y electricidad.

Pasamos a estudiar la aplicación de esta legislación en el Valle de los Caídos y a desmontar las mentiras de la pretendida “memoria histórica” al respecto.

¿Hubo 20.000 presos en el Valle?

El mito de la multitud de presos políticos queda definitivamente desmontado. Se puede confirmar, con el presente estudio, que la cifra de entre 515 y 800 trabajadores penados —publicada la primera por Juan Blanco (Valle de los Caídos: ni presos políticos ni trabajos forzados, 2009)— sería la más alta alcanzada, en un momento dado, durante el tiempo de funcionamiento de los Destacamentos Penales de Cuelgamuros, y estaría mucho más cerca de la realidad que las publicadas —sin documentar— por la historiografía adversa. De hecho, no hemos podido comprobar que esas cifras fueran superadas, como vimos al examinar la documentación relativa al año 1948, único del que hemos encontrado listados nominales completos de los destacamentos penales del Valle.

Según se ha publicado, por otra parte, el periódico Redención apunta a que se llegaron hasta los 800 trabajadores penados allí, y lo subraya como un dato positivo, lo que significa que el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo no quería ocultar o rebajar las cifras de reclusos trabajando en Cuelgamuros, sino todo lo contrario.

Ya en 1950, a la llegada del arquitecto Diego Méndez a las obras, según su declaración sólo quedaban 46 penados que al poco tiempo fueron liberados. Hemos visto que tal cifra era muy inferior a la real en aquellos momentos, pero aun así, es menos disparatada que las que se han venido sosteniendo desde posiciones adversas. Las cifras, manipuladas, se habrían llegado a multiplicar por treinta, ya que no solamente se ha sostenido el número de 20.000, convertido ya en tópico, sino que no se hace distinción entre trabajadores libres y penados y, dentro de este grupo, entre presos políticos y comunes. Se habla de los trabajadores en su conjunto como si todos ellos hubieran sido combatientes del ejército republicano. De todos modos, tal como declaraba el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos (COMNC), será muy difícil llegar a establecer cifras definitivas por las circunstancias en las que se realizaron las obras: su duración, el hecho de llevarse a cabo por contratas y la rotación de obreros en las mismas. Por otra parte, muchos de ellos permanecían en Cuelgamuros siendo ya libres; en algunos casos hasta después de la terminación del monumento.

La cifra de 20.000 trabajadores se ha convertido en un tópico que multiplica por treinta la realidad, sin distinguir entre libres y penados y entre presos políticos y comunes

Debe tenerse en cuenta que tanto si el número máximo de penados llegó a 800 como si no pasó de 500 en su momento de mayor concentración, jamás se hubieran acercado a las cifras imaginarias que se han dado por ciertas a base de repetirlas. De hecho, aunque las obras duraron casi veinte años, los penados solamente trabajaron allí entre 1943 y 1950; en siete años, con las cifras reales que hemos podido documentar, es imposible que se acercaran siquiera a la cifra de 20.000.

Nuestra conclusión final respecto al número de penados que allí trabajaron, como hemos comentado a lo largo de este trabajo, es que las obras no pueden quedar estigmatizadas por dicha cuestión: lo principal no es llegar a conocer el número exacto de trabajadores-reclusos que pasaron por allí, sino conocer las circunstancias en que se desarrolló su trabajo y sus condiciones de vida así como las de sus familias. Dicho de otro modo, si los penados del Valle hubieran sufrido allí la salvaje explotación que se pretende, no sería necesario elevar la cifra a varios millares para condenar radicalmente la historia de su construcción. Solamente con que un grupo mucho más reducido —doscientos o veinte por dar alguna cifra— hubieran pasado por algo parecido a lo que se ha descrito, sería bastante.

Para concluir con esta cuestión, podemos negar, en cualquier caso, la cifra de 20.000 penados en Cuelgamuros, repetida en varias publicaciones sin que haya sido documentada ni por aproximación. De manera más contundente, podemos negar que hubiesen sido allí masacrados y utilizados como escombro junto a los cuerpos de otros represaliados del régimen llevados allí con el mismo fin. Es más, finalizado el estudio del mayor fondo documental relativo a la construcción del Valle de los Caídos que consta en los archivos españoles, y contrastados los testimonios de los penados que allí trabajaron, podemos afirmar que ni fueron trabajadores forzados ni el Monumento Nacional a los Caídos que levantaron puede llamarse “sarcófago de sus compatriotas”.

Son evidentes y demostrables las oscilaciones en el número de trabajadores lo largo de la construcción del monumento. Diciembre de 1943: 679 trabajadores; mayo de 1947: 1.029; noviembre de 1948: 1.278; agosto de 1950: 592; septiembre de 1950: 728. Estas cifras totales incluyen tanto trabajadores libres como penados, debiendo destacarse además que la proporción entre ambos grupos estuvo igualmente sujeta a grandes oscilaciones, así como el hecho de que a partir de 1947 empezaron a llegar para trabajar al Valle presos comunes; dato que suele ignorarse o silenciarse. En cualquier caso, no puede descartarse la cifra de 3.000 trabajadores empleados en las obras a lo largo del tiempo de su construcción, dato que facilitara el Consejo de Obras (COMNC) al cumplimentar el cuestionario del corresponsal del New York Times.

En todo caso hay que insistir en que, de todos modos, el número de trabajadores reclusos que pasaron por Cuelgamuros no es el dato esencial a la hora de señalar al Valle como lugar de oprobio o bien en descargo del régimen que construía el monumento. A la vista de la documentación, debemos considerar que lo realmente importante para valorar su significado es conocer las causas por las que llegaron allí y las condiciones en las que se desarrolló su vida durante las obras, así como las ventajas que obtuvieron.

No fueron esclavos. Eligieron ir al Valle

En contradicción con la falsedad de que trabajaran como esclavos, hay que establecer que los presos tenían que solicitar su traslado al Valle y acogerse al sistema de Redención de Penas, como se comprueba por los testimonios de los propios reclusos. Debían cumplimentar una instancia —con sus datos personales, causa de la condena y prisión donde la cumplían— que enviaban al Ministerio de Justicia solicitando expresamente acogerse al sistema de Redención de Penas que se les ofrecía en las prisiones.

Así pues, nadie fue llevado allí contra su voluntad. Eran presos pero, tras acogerse al sistema de Redención de Penas, el resto de sus condenas lo seguirían cumpliendo en los Destacamentos a los que fuesen destinados. Allí, naturalmente, iban a trabajar, como se les explicaba al ofrecerles esta posibilidad, recién introducida en el sistema penal español, pero en una situación completamente distinta de los condenados a trabajos forzados de otros regímenes con los que se les ha comparado.

El Patronato Central para la Redención de Penas tramitó millares de solicitudes y el Valle de los Caídos fue un destino especialmente solicitado por los reclusos. La expulsión era la amenaza que el Regidor (director) del Valle solía utilizar para establecer medidas de orden interno, lo que ya de por sí sitúa a dichos destacamentos en el polo opuesto de los lugares con los que se le ha querido comparar: los campos de exterminio nazis y el Gulag soviético.

A partir de 1950, cuando ya todos eran libres, encontramos en el Valle a muchos de los penados en compañía de sus familias.

Recordemos también la gran cantidad de penados que, alcanzada la libertad, prolongaron allí su estancia cuanto les fue posible. A partir de 1950, cuando ya todos eran libres, encontramos en el Valle en compañía de sus familias a muchos de los penados cuyos nombres, además, hemos llegado a conocer. No se les puede llamar esclavos sin ofenderles a ellos mismos, a los responsables de las obras y a la verdad. No solamente porque llegasen y permaneciesen allí por propia decisión, sino porque cobraron sus jornales, en función de su categoría profesional y de los trabajos realizados, desde los que requieren titulación universitaria hasta los de leñador y albañil, pasando por los de barrenero, fontanero, capataz, electricista, conserje, panadero, administrativo, cantero y carpintero.

Los tres médicos que estuvieron, sucesivamente, al frente del hospital-botiquín fueron penados y, al menos uno de ellos —el doctor Lausín—, llegó a percibir un sueldo superior al de otros médicos adscritos a Patrimonio Nacional, como hemos visto y dejado documentado en el lugar oportuno. Penado también fue don Gonzalo de Córdoba, maestro de la escuela del Valle durante cerca de veinte años, como lo era también el practicante, Luis Orejas. Estos tres últimos, médico, practicante y maestro, al acabar las obras, pasaron a ser, además, funcionarios al servicio del Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos (COMNC), para seguir sus carreras profesionales fuera del Valle al acabar las obras. Penado era el encargado del economato, Juan Solomando Muñoz, cuya trayectoria en el Valle —con mención de su heroica actuación en Cuelgamuros— queda también documentada ampliamente.

Penados fueron además Leonardo García Agüero y Justo Roldán Sainero (alias “El Matacuras”), fontanero del Consejo el primero y llavero de la Abadía el segundo, después de pasar por varias empresas y empleos dentro del Valle. Están plenamente documentadas las nóminas de varios de estos y otros penados, empleados en muy distintos trabajos. Incluso hemos llegado a constatar que algunos trabajadores libres estaban al servicio de otros que no lo eran, como los leñadores. Hemos recogido sus jornales, seguros sociales, pagas extraordinarias, pluses percibidos por distintas razones, cuotas sindicales, gratificaciones y hasta participación en beneficios. A algunos, los funcionarios les buscaban hasta vivienda en Madrid una vez que abandonaban la obra. De ahí que, de ninguna manera, se les pueda calificar como esclavos.

Reducción de las condenas

En función de la conducta que observaran, muchos pudieron llegar a reducir hasta seis días de condena por uno de trabajo. Así, las condenas de treinta años de prisión podían reducirse a seis. Eso sin contar los indultos ni los beneficios de la libertad condicional, previstos, cada vez con criterios más amplios, para toda la población reclusa española. En el Valle se dieron muchos casos de condenados a muerte cuya pena había sido condonada por la de treinta años de prisión que en seis u ocho años eran libres, como reconocía el que fuera recluso-trabajador, Jesús Cantelar: “Yo tuve que hacer una instancia y mandarla al Ministerio de Justicia, al Patronato que había de Redención de Penas y, si era aprobada, me mandaban al destacamento solicitado; si no, no podía salir de la prisión (…); trabajando seis u ocho años en el Valle sabías que tenías la libertad asegurada”.

La vigilancia fue tan relajada que permitió, y están reseñadas, varias fugas de una facilidad inconcebible: andando por el monte y a plena luz del día sin encontrar la menor traba.

Salarios y beneficios sociales

Como habían previsto los creadores del sistema de redención de penas, los presos pasaban a cobrar un salario mensual. Se ha dicho que el salario que percibían era mísero, pero era el mismo salario base que cobraban los trabajadores libres. Por tanto, no puede considerarse como insignificante la cantidad que percibían, aunque en un principio no se les aplicaran todos los beneficios sociales que la nueva legislación del Régimen iba introduciendo para los trabajadores libres.

Los penados disfrutaban de unas condiciones de vida impensables dentro de una prisión normal y no se diga una comunista: las familias junto a ellos y movilidad dentro y fuera del recinto de Cuelgamuros.

En el Valle de los Caídos, los penados disfrutaban además de unas condiciones de vida impensables dentro de una prisión. Hemos destacado la presencia de las familias junto a ellos y la movilidad dentro y fuera del recinto de Cuelgamuros, además de la escuela a la que acudieron gratuitamente todos los niños en edad escolar que allí vivieron. Fue una obligación impuesta a los padres por el Consejo de Obras del Monumento Nacional a los Caídos, que se dirigió a las empresas a fin de que éstas, a su vez, se lo comunicaran a las familias, al tiempo que quedaban obligadas a facilitar a dicho Consejo la relación de familias con hijos comprendidos entre los seis y los catorce años que dependieran de sus contratas. Así pudieron cursar el bachillerato y se examinaron en el Instituto San Isidro de Madrid, con excelentes resultados. Muchos de estos niños tuvieron de este modo acceso a la Universidad en una época en la que todavía tal cosa no era, ni mucho menos, la norma para una mayoría de la población europea.

Instalación de las familias

Numerosos presos llevaron allí a sus familias, consiguiendo vivienda a través de las solicitudes que sus empresas cursaban al Regidor, en una época en el que el de la vivienda era un problema acuciante para muchas familias en España y el resto de Europa. Algunos incluso pedían cambios de vivienda, alegando razones familiares: número de hijos, enfermedad de su mujer o buscar la cercanía con otros parientes residentes en otros poblados del Valle. Y se dieron casos de peticiones para que se les situara más cerca de la escuela para que sus hijos pudiera acceder con más facilidad, sobre todo en invierno, o que solicitaban estar más cerca de sus suegras, ya mayores, para poderlas atender. Subrayamos lo que demuestran todas estas peticiones en cuanto al trato que recibían los presos en el Valle: dan por hecho que las personas a quienes se dirigían tenían sentimientos humanitarios que les animaban a escuchar todas las causas reseñadas y otras parecidas; y hemos comprobado que se solían atender sus instancias.

Hubo trabajadores que pudieron ayudar a sus familiares haciéndose cargo de la manutención de sobrinos o ancianos de la familia, que instalaron en sus viviendas temporalmente o de forma estable.

¡Los supuestos esclavos acogieron en sus casas a niños cuyas familias libres no vivían en Cuelgamuros! ¡Y se ha llegado a comparar el Valle de los Caídos con el Gulag! Los últimos penados permanecieron en el Valle hasta el final de las obras, a la espera de que se les entregaran viviendas en Madrid y se gestionara su colocación en otro organismo.

La documentación analizada demuestra, en definitiva, hasta qué punto la denostada Redención de Penas mejoró, de manera decisiva, la suerte de los penados que solicitaron acogerse a ella. Y tal cosa resulta especialmente obvia en relación con los trabajadores que redimieron sus condenas en el Valle de los Caídos.

El número de muertos en las obras

Otra de las cifras que se han deformado hasta lo ridículo es la del número de muertos en accidentes de trabajo durante la construcción del Monumento Nacional. Los autores que han trazado la imagen del Valle como algo parecido a un campo de concentración suelen presuponer que fueron miles los que sucumbieron a causa de la falta de medidas de seguridad, así como de la peligrosidad y dureza de los trabajos realizados. Resulta significativo que, en este apartado, ni siquiera los más sesgados aventuren cifras, no decimos concretas, sino tan solo aproximadas: dejan esa cuestión en el aire, aunque estimen que “debieron de ser miles”.

La siniestralidad en el Valle de los Caídos estuvo muy por debajo de lo que se ha hecho creer a la opinión pública.

Como resultado de nuestra investigación, encontramos la documentación relativa al primer muerto del Valle, Alberto Pérez Alonso, fallecido el 5 de enero de 1948. La fecha resulta incuestionable por haber sido recogida repetidamente en la correspondencia mantenida entre el arquitecto, Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación (Interior), presidente del COMNC, a partir de la solicitud de la viuda, Jerónima Díaz Organista, dirigida al arquitecto con el fin de que se le concediera una vivienda en Madrid en la que poderse instalar al terminar las obras del monumento, donde ella continuaba trabajando. El hecho de que durante los primeros ocho años de la construcción, por tanto, no se produjera un solo accidente mortal debe ser tenido en cuenta al realizar estimaciones sobre esta cuestión. La siniestralidad en el Valle de los Caídos estuvo muy por debajo de lo que se ha hecho creer a la opinión pública.

Aparte de lo relativo al primer muerto, solamente hemos podido documentar dos fallecimientos posteriores: uno de ellos al caer del camión en que viajaba un trabajador y el de un joven que cayó de un andamio. Podría ser que la cifra de cuatro muertos facilitada por el arquitecto-director de las obras, Diego Méndez, correspondiera a los fallecidos in situ en Cuelgamuros por accidentes laborales, mientras que las de catorce o dieciocho que sostenían respectivamente el médico y el practicante del hospital del Valle fueran las de los muertos en hospitales de Madrid a causa de dichos accidentes. Pero no se puede sostener que hubo un gran número de fallecidos en las obras a causa de accidentes o por las malas condiciones de vida.

Causas de la campaña contra el Valle de los Caídos

Ante las contradicciones que se observan entre las fuentes estudiadas y los mitos consolidados por la historiografía adversa, podemos concluir que se ha deformado, en mayor o menor medida, según los autores de las publicaciones que tratan del asunto, la verdadera historia de la construcción del Monumento Nacional a los Caídos, creando una leyenda negra a la que nos hemos referido repetidamente. Dicha deformación de la realidad se ha hecho, y sigue haciéndose, de distintas maneras: desde la tergiversación hasta la ocultación de datos, cuando no con la creación de una serie de mitos, pero la más utilizada es la interpretación sesgada de los hechos. En los últimos años, sencillamente se ha construido una supuesta realidad diametralmente opuesta a la verdad histórica y se ha dado por cierta, sin que se aportase la menor prueba al respecto, por lo que el contraste entre lo que se ha transmitido a la opinión pública y las fuentes primarias resulta impresionante. Se ha llegado a un punto en el que resulta sumamente difícil establecer dicha verdad, pues en la mayor parte de la bibliografía sólo pueden encontrarse versiones personales que dependen, generalmente, de la ideología del autor y que repiten lugares comunes cada vez más consolidados sin el menor rigor histórico.

Es innegable, por tanto, que en el tema del Valle —como en cualquier otro aspecto relativo al franquismo— el cúmulo de publicaciones adversas así como el tratamiento dado generalmente en los medios de comunicación estos últimos años han provocado una grave desinformación en la mayor parte de la opinión pública, propiciada a diferentes niveles y de forma decisiva por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y particularmente a través de la “Ley de Memoria Histórica” (LMH) de 2007 y las asociaciones ‘así tituladas’ a las que ha subvencionado. Ello ha conllevado no solamente la condena absoluta del franquismo, sino de la propia Transición a la democracia como un sistema supuestamente perverso y encubridor de la brutal explotación de los presos políticos.

De esta forma, se pretende que todos aquellos que provenientes del régimen franquista estuvieron implicados en el nuevo sistema —desde sus creadores y legisladores, hasta los funcionarios y cuerpos de seguridad, pasando por los religiosos que realizaron cualquier labor en prisiones o destacamentos penales— resulten completamente descalificados cuando no presentados como verdaderos criminales contra la humanidad en un maniqueísmo sin matices. Por ello, sólo podemos sumarnos a la propuesta del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, cuando manifiesta:

“No estaría de más que alguien hiciera una tesis doctoral sobre el proceso que con el paso de los años ha llevado a invertir los términos de 1939, promoviéndose de nuevo desde los poderes públicos una visión de la Guerra Civil como un conflicto entre buenos y malos, pero con los papeles cambiados”.

De llevarse a cabo una iniciativa semejante, representaría no solamente un trabajo científico de gran interés sino una considerable contribución a la reconstrucción de la convivencia y la paz social en España, dañadas gravemente en este proceso de manipulación histórica denunciado.

Conclusiones

Como resultado de todo lo visto hasta aquí, parece necesario establecer unas conclusiones finales sobre el tema específico de este trabajo.

Durante la última década, todo lo relativo al Valle de los Caídos, su significado, las intenciones de Franco al construirlo y las circunstancias en las que se construyó han sido objeto de una verdadera campaña por parte de una historiografía adversa que busca presentarlo como el símbolo más acabado de un “régimen criminal”. Dicha historiografía es siempre de ideología izquierdista, como queda probado, entre otras cosas, por el hecho de que establezca sistemáticamente un paralelismo entre el franquismo y los sistemas dictatoriales llamados “de derechas”, sin jamás compararlo —salvo contadas excepciones— con los totalitarismos de signo comunista: como las dictaduras de Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot o Fidel Castro, tan criminales y devastadoras —algunas— como el propio nazismo.

En esa misma línea sesgada de interpretación de la Historia, ignoran la brutal y masiva represión que tuvo lugar —como está documentado exhaustivamente— en la retaguardia republicana contra personas inermes, incluyendo la mayor persecución religiosa de la historia contemporánea. Los reos del franquismo y, concretamente, los que trabajaron en Cuelgamuros, son presentados o como víctimas del totalitarismo —condenadas exclusivamente por sus ideas o por haber sido movilizados en el ejército republicano—, o como víctimas de la situación bélica —provocada por un alzamiento injustificable— o como presos políticos que, por tanto, en sentido estricto, nunca deberían haber sido encarcelados.

Hemos visto la falsedad de este silogismo, utilizado como principal argumento contra el sistema penitenciario del franquismo y resumido por el historiador y miembro de la Real Academia de la Historia, Luis Suárez: para los defensores del bando republicano, ninguno de aquellos reclusos merecían serlo porque nunca hicieron nada condenable. La versión oficial académica les presenta, por el contrario, en su conjunto, como defensores de la democracia y de la legitimidad republicana, silenciando el genocidio realizado en su retaguardia, cuando no se justifica de manera más o menos velada.

En resumen, se trata de una intencionada simplificación, tergiversadora, de la historia de la II República y de la Guerra Civil. Se impone divulgar y reescribir la historia de los años treinta del pasado siglo. Así, todo en el desarrollo de la “Ley de Memoria Histórica” —y en los movimientos más o menos espontáneos o financiados surgidos a partir de su promulgación— nos retrotrae a aquellos, en cuanto al rechazo y posible destrucción o cierre de los templos o monumentos de significación cristiana, como fueron entonces la clausura fallida de las capillas universitarias o las propuestas de voladura de Via Crucis o de monumentos al mismo Sagrado Corazón.

Se dilucida, aparte del futuro del monumento, sino la existencia de las libertades individuales, la Monarquía y la libertad religiosa.

Aparte de sus raíces históricas, la campaña cristofóbica desatada en España contra la Iglesia y los símbolos del cristianismo debe contextualizarse en el marco de una lucha que se libra en todo Occidente entre dos concepciones del mundo y del hombre: se trata de lo que ya se denomina “guerra civil occidental” iniciada, en sus actuales dimensiones, con el tercer milenio y descrita por el catedrático Francisco Javier Contreras, actual diputado nacional en las Cortes Generales, de este modo (Nueva izquierda y cristianismo, 2011):

El choque de civilizaciones intraoccidental opondría —como ha señalado Robert P. George— a los “conservadores” que todavía se identifican con la tradición cultural y moral judeo-cristiana (incluso si alguno de ellos no comparten la fe) con los “progresistas” que consideran dicha tradición periclitada y se adhieren más bien a la “Weltanschaunung” (relativista, hedonista, liberacionista, post-religiosa) característica de la “izquierda postmoderna” o “izquierda sesentayochista”. El campo de batalla entre uno y otro bando viene dado, fundamentalmente, por las polémicas actuales en torno a: 1) la bioética: aborto, eutanasia, ingeniería genética, células madre, etc.; 2) la ética sexual y el modelo de familia: permisividad sexual, divorcio exprés, matrimonio gay, “vientres de alquiler”, etc.; 3) el lugar de la religión en la vida pública.

Es decir, lo que se dilucida actualmente en el Valle de los Caídos no es tan sólo el futuro de este conjunto monumental, que también, sino el de las libertades individuales garantizadas por nuestra Constitución, ya maltrecha y cuestionada. Y por supuesto, tarde o temprano, el futuro de la Monarquía española, con todo lo que ello significa. Y en última instancia, lo que se cuestiona es la propia libertad religiosa.