La descolonización del Sáhara (II), por Fernando Suárez

Fernando Suárez

Razón Española nº 230

 

MI INCORPORACIÓN AL CONSEJO DE MINISTROS

El problema del Sahara era, pues, uno de los más serios que tenía sobre la mesa el Gobierno de Arias Navarro cuando yo me incorporé a él.

Ya en marzo de 1975 el Ministro de Marina advirtió en un informe al Gobierno del proyecto de puerto marroquí que el Rey Hassan había confirmado en su discurso del 3 de marzo de 1974, al conmemorar su exaltación al trono, y que iba a construirse en la zona de Nador, en instalaciones colindantes con el puerto de Melilla. Marruecos había contratado las obras con una empresa rumana y el 8 de marzo de 1975 entró en Melilla, debidamente autorizado por la Comandancia de Marina, el buque rumano Calimannesti, procedente de Constanza, que transportaba 1.500 toneladas de maquinaria de construcción, en tránsito para Marruecos. El almirante Pita da Veiga proponía que se definiera la actitud española en un asunto que amenazaba nuestros intereses en el ámbito marítimo y que afectaba directamente a nuestra plaza de Melilla, solicitando sobre todo que se delimitaran formalmente las aguas jurisdiccionales de dicha plaza. El tema se había abordado ya en 1966, cuando los marroquíes instalaron un trampolín para saltos de esquí acuático cuarenta metros al sur del Peñón de Alhucemas y la comisión que se nombró supo que Asuntos Exteriores no era partidario de suscitar ninguna negociación sobre el asunto, porque tenía el convencimiento de que Marruecos no la aceptaría e iniciaría en cambio una campaña oficial reivindicatoria de Ceuta y Melilla, no sólo ante España sino ante Naciones Unidas (18).

También en abril, con ocasión de otro informe sobre la situación de la Armada, insistía Pita da Veiga en la eventualidad de tener que poner freno a las desmedidas reivindicaciones de Marruecos que se habían hecho apremiantes y en que la deficiencia de nuestros medios nos impedía mantener una presencia suficiente en la estrategia mediterránea, máxime cuando se conocían los importantes pedidos marroquíes de material de guerra a Estados Unidos (19). Con carácter general, el informe resultaba desolador: «La Armada —decía— lleva veinticinco años apretándose el cinturón y ha llegado al límite. Durante ese tiempo, las inversiones necesarias para renovar la Fuerza Naval han sido sistemáticamente pospuestas al logro de otros objetivos de política económica y social. Nuestros buques, en su mayoría viejas unidades de procedencia norteamericana, han rebasado el límite normal de vida útil y de eficacia militar; ya no puede retrasarse su desguace el tiempo preciso para una sustitución escalonada. La Armada, que nunca dio la espalda al sacrificio, carece de los medios precisos para cumplir la misión asignada en las condiciones militares de 1975» (página 4). «Como Ministro del Gobierno —decía Pita da Veiga— conozco y comprendo las dificultades del momento económico. Como Ministro de Marina tengo el deber de exponer con sinceridad y realismo una situación que considero grave para la seguridad y defensa nacional y de someter al Gobierno las líneas generales para su superación» (página 11). «No es necesario añadir que el Ministro de Marina solicitaba que se concediera a la Defensa Nacional la calificación de sector prioritario en el programa de inversiones públicas y que, en la cuantía permitida por la situación económica, se arbitraran recursos para financiar la modernización de las Fuerzas Armadas» (página 12).

La propaganda desplegada desde los países filosocialistas árabes (Egipto, Libia o Argelia) fue influyendo progresivamente en la juventud saharaui, utilizada por el Frente Polisario. El 19 de octubre de 1974, un comando en el que participaron empleados de la empresa incendió la cinta transportadora de los fosfatos de Bucraá, inutilizándola. Después secuestraron al empresario canario que contrató sus camiones para el transporte del mineral.

En noviembre de 1974, el soldado gaditano Diego Fernández García fue herido por los rebeldes y opera-do en El Aaiun, antes de ser trasladado a la península. El día 10 de mayo de 1975 fueron capturados y maltratados por el Frente Polisario —con la colaboración de saharauis integrados en la patrulla «Pedro» del Ejército español— los tenientes Lorenzo y Sánchez-Gey, un sargento, un cabo y cuatro soldados miembros de la misma. El siguiente día 11 se produjo un incidente más grave, cuando en otro secuestro del Polisario resultó muerto el soldado español Ángel Moral, heridos el también soldado Antonio Bauza Alemany y el sargento Daniel Fuentes Garrote y hechos prisioneros dos tenientes y un cabo. Estos hechos se produjeron en vísperas de la visita al territorio de una comisión descolonizadora de la ONU, que estuvo en el Sahara entre el 12 y el 20 de mayo y que se sorprendió profundamente ante una manifestación en El Aaiún, en la que, agitándose banderas del Frente Polisario, los gritos eran contra España y las pancartas exigían la retirada total de las fuerzas militares y de cualquier otra presencia española(20).

Tales acontecimientos no dejaron de tener consecuencias. El Gobierno de España, cuya política en aquel momento estaba enteramente dirigida a hacer viable la autodeterminación del pueblo saharaui, anunció el 23 de mayo de 1975 su decisión de poner término a su presencia en el Sahara, advirtiendo de su propósito de abandonar el territorio si las actuaciones de la ONU no hacían posible la prevista descolonización.

El texto de la carta enviada con esa fecha al Secretario general de la ONU era terminantemente claro: Durante la visita de la misión de la ONU, el pueblo saharaui había patentizado su inequívoca voluntad de independencia y ésta se imponía con tanta más urgencia cuanto que se estaban produciendo incidentes, citándose expresamente la captura de las dos patrullas y otros actos de violencia que perturbaban el proceso descolonizador. En esas circunstancias, el aplazamiento del referéndum solicitado por la Asamblea General añadía responsabilidades suplementarias a la potencia administradora, porque la dilación creaba incertidumbre sobre la efectividad de la descolonización y se corría el serio riesgo de generar una situación violenta, de modo que el proceso que debería ser pacífico estaba tomando derivaciones inquietantes «respecto a las que no pueden permanecer indiferentes las Naciones Unidas, en el cumplimiento de su deber de mantener la paz internacional». En consecuencia, el Gobierno de España comunicaba al Secretario general los seis puntos siguientes:

1.- Aplicando las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización del Sahara Occidental, el Gobierno español había declarado públicamente su decisión de poner término a su presencia en el territorio, por entender que había cumplido su misión.

2.- El Gobierno español deseaba que la terminación de su actuación se llevara a efecto sin provocar un vacío de poder y transfiriéndolo a quien vaya a asumir la administración del territorio como resultado de la des-colonización.

3.- Para no agravar injustificadamente las responsabilidades de España, su Gobierno proponía responsabilizar también a las demás partes interesadas, invitándoles a armonizar sus respectivas aspiraciones y, en su defecto, convocándoles a una Conferencia auspiciada por las Naciones Unidas para hacer posible el desenvolvimiento pacífico del proceso.

4.- Si no fuera posible lo anterior, por no avenirse las partes interesadas, «el Gobierno español se vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora, fijando la fecha en que las autoridades españolas habrán de transferir sus poderes, sin que por ello deje de coadyuvar con las Naciones Unidas para arbitrar los medios apropiados que permitan llevar a buen fin, en los mejores términos, su propósito descolonizador»(21).

5.- El Gobierno español solicitaba el envío de nuevos observadores de la ONU para que comprobaran la evolución de la situación y pudieran informar al Secretario general «de cuantos acontecimientos aconsejen la adopción de urgentes medidas para mantener la paz».

6.- El Gobierno español, en cumplimiento de sus responsabilidades como potencia administradora, se reservaba en todo caso el derecho de informar al Consejo de Seguridad, si estimaba, a la vista de la evolución de la situación, que era urgente la convocatoria del mismo para que adoptara las medidas pertinentes.

Aparte de acreditar la doble condición de Pedro Cortina Mauri, diplomático expertísimo y catedrático de Derecho Internacional, el documento revela que las decisiones de aquel Gobierno no se adoptaron —como suele decirse— en función de la «marcha verde» de varios meses después.

La referencia del Consejo de Ministros en el que se aprobó el envío de esa carta y que apareció en la prensa del 24 de mayo anunciaba a la opinión pública que España no pretendía prolongar su presencia en el Sahara, ni obtener provecho alguno político o material, que había cumplido del mejor modo posible sus deberes hacia el territorio y su población autóctona, que había aceptado las resoluciones de Naciones Unidas para aplicar la política de autodeterminación, llegando incluso a señalar un plazo para el referéndum y que había aceptado la petición de Naciones Unidas de solicitar dictamen del Tribunal de La Haya, aún sabiendo que supondría un retraso de sus planes y prolongaría más allá de lo previsto su presencia y responsabilidades en aquel territorio. «Entre tanto —añadía aquella referencia— la situación en el Sahara se ha ido deteriorando progresivamente… Tal situación, que afecta a la población civil española, ha servido al propio tiempo para poner de relieve el alto espíritu de disciplina, la preparación y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas allí estacionadas».

Por todo ello, se comunicaba a los españoles lo mismo que se había advertido al secretario general de la ONU: «Que si por circunstancias ajenas a su voluntad se demorase la posibilidad de realizar tal transferencia de soberanía (22), en términos que comprometen gravemente la presencia española en el Sahara, «se reserva el derecho, previa la oportuna advertencia a las Naciones Unidas, de precipitar la transmisión de poderes, poniendo fin definitivamente a su presencia en dicho territorio».

Consta que esa misma tarde el ministro Cortina Mauri se entrevistó en Torrejón de Ardoz, con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, al que informó a de la actitud española.

De nuevo el 27 de mayo, elementos del Frente Polisario secuestraron a otros catorce miembros de la policía territorial del Sahara, utilizando como disfraces los uniformes que habían conseguido en el secuestro anterior. Refiriéndose a esta captura, el teniente general Gómez de Salazar, en su comparecencia del 13 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y, contestando al diputado del grupo parlamentario Socialista de Cataluña, Lorda Alaia, dijo lo siguiente: «Nuestra indignación, usted se la puede imaginar, porque era una injusticia. Nosotros habíamos trabajado por el Sahara con el mayor interés, con el mayor cariño y con el mayor entusiasmo. Sabíamos que España estaba gastando muchos millones en el Sahara; un sacrificio enorme para España. Nuestros soldados estaban sufriendo allí, sus familias en España estaban destrozadas también, pensando en sus hijos, como es natural, y después de tantos sacrificios nos hacían esta traición. Aquello fue trágico para mí y para todos los compañeros».

Cuarenta y ocho horas después, el Gobierno del Sahara convocó urgentemente a la comisión permanente de la Yemáa, a la que el secretario general de aquel gobierno, Rodríguez de Viguri, leyó el escrito dirigid() a Naciones Unidas, advirtiéndoles de que el pueblo saharaui tenía que ir disponiéndose para una transmisión de poderes en el plazo más breve posible. El 7 de julio fue el propio Gobernador del Sahara, el general Federico Gómez de Salazar, quien reunió a la Yemáa para reiterar que el Gobierno de España seguía firme en su propósito de llegar a la autodeterminación, pero que si la situación seguía deteriorándose por la intervención de otros países y otros intereses, estaba dispuesto a acelerar su salida del territorio.

Este significativo discurso fue tan claro como enérgico. Cuantos califican de precipitada la salida del ejército español del territorio saharaui no han prestado atención suficiente ni a la fecha ni al contenido del discurso del general Gómez de Salazar. «Atravesamos —dijo— un grave momento para este territorio. Piensen muy bien lo que está sucediendo. El poner en peligro el porvenir del Sahara por razones particulares es el crimen más grande que se puede cometer».

Tras hacer una síntesis de los acontecimientos que se habían producido allí desde la visita de la ONU, Gómez de Salazar dijo literalmente lo siguiente: «La postura del Gobierno español no ha cambiado, pero evolucionará si se desvía el sentido de libertad de este pueblo. La autodeterminación se ha tenido que retrasar en más de un año porque Marruecos solicitó la intervención de la ONU. Nuestro Gobierno ha informado al mundo del propósito que tiene de respetar la decisión de las Naciones Unidas, pero advierte también que sí la situación se deteriora por la intervención de otros países y otros intereses, está dispuesto a acelerar la salida de aquí».

El general aludió a las tropas marroquíes que, enmascaradas bajo el nombre de Frente de Liberación y Unidad del Sahara, estaban desplegadas en la frontera norte con actuaciones subversivas (23), que el Frente Polisario se había llevado a otro grupo y que la actuación del PUNS había sido un desastre, por la traición de su secretario general. Para Gómez de Salazar, la situación interior era muy mala, «por culpa de las distintas tendencias políticas y tribus, que no se ponen de acuerdo entre sí y no buscan un camino común que los lleve a la libertad de su patria».

En cuanto a las posibilidades de negociar con el Polisario, la actitud del gobernador general fue terminantemente clara: «Lo he intentado por muchos conductos y a través de importantes personalidades saharauis sin conseguirlo. Les he pedido que vengan a colaborar en el futuro de su país y ofrecido también absoluta libertad de acción y movimiento, sin obtener respuesta. Han de pensar, lógicamente, que si no aceptan es porque tienen compromisos muy grandes con otras naciones, pero tenemos paciencia. Seguiremos esperando. Les daremos una oportunidad de colaboración, porque si ellos tienen interés por este país, nosotros también lo tenemos con 

visita a su futura independencia… El Frente Polisario, en lugar de defender su patria, nos quita hombres y dificul-ta la salvaguarda de su territorio». «¿Quién está ayudan-do a Marruecos? —se preguntó— ¿España, defendiendo las fronteras del Sahara, o el Polisario obstaculizando nuestra labor para evitar que invadan su suelo?» Gómez de Salazar insistió en que España continuaría su políti-ca pro-saharaui, pero que aquel pueblo debía colaborar y sacrificar los intereses particulares al bien general. De lo contrario la postura de España tendría que cambiar y abandonar el Sahara rápidamente. »(24)

LA PERFIDIA DE HASSAN II

El 30 de julio, el Presidente Arias aseguró a Waldheim que España respetaría la decisión de la ONU sobre el Sahara, mientras el 21 de agosto Hassan II pronunció un discurso anticipando que solo obedecería las resoluciones de la justicia internacional si coincidían con sus intereses. Llegó a decir que si fracasaban los medios políticos y diplomáticos escogería la lucha armada y que antes de que acabara 1975 entraría en el Sahara de uniforme y al frente de sus fuerzas.

Los secuestrados de mayo que habían sido trasladados a Argelia fueron devueltos por el Gobierno argelino tras las gestiones de Cortina Mauri y él mismo viajó a Argel para recogerlos y volver con ellos el 9 de septiembre.

Hassan II practicaba evidentemente un doble juego. Por una parte, en el interior marroquí mantenía su firmeza reivindicativa sobre el Sahara pero, por otra parte, enviaba recados al Gobierno de Madrid, a través de la hija del general español y mariscal marroquí Mohamed ben Mizzián, en el sentido de que deseaba negociar confidencialmente y de conceder toda clase de ventajas a España, a cambio de la cesión de la soberanía, y sin dejar de advertir de que si no lo conseguía tendría que hacer una pequeña guerra —aunque perdiera—, porque ya no podía contener al Ejército.

A mediados del mes de septiembre, tal como estaba la cuestión, España afrontaba en el Sahara dos problemas económicos —la pesca de los canarios en las costas de aquel territorio y en las de Marruecos y la explotación de los fosfatos— y dos temas de gran envergadura política: Ceuta y Melilla y lograr un vecino razonable para Canarias.

Preocupaba al presidente Arias la posibilidad de que no terminara el año sin una confrontación armada y deseaba por ello abrir vías de negociación. Era, sin duda, la tesis del Ministro de la Presidencia Antonio Carro, que estaba convencido de que los Estados Unidos, Francia y Libia estaban a favor de Marruecos y advertía —frente a quienes proponían enfriar el problema— que Hassan con su cinismo había tenido algunos aciertos internacionales y el tema no se podía enfriar, sino que se iría calentando hasta explotarnos en las manos. «Dicho con la crudeza que los temas internacionales exigen —explicaba Carro— el Sahara nos ha dado prestigio, pero nos ha costado mucho dinero hasta la incipiente rentabilidad de los fosfatos. Nuestro verdadero interés actual es el Ejército, ante el cual palidecen todos los demás. La autodeterminación puede producir la miniguerra y aunque lo más desagradable sea entenderse con Marruecos, hay que hacerlo en función de los intereses patrios, para que el Ejército pueda regresar a España con su moral y su dotación íntegra.» Lo que de ninguna manera se contemplaba era la entrega del Sahara a Marruecos, tesis que Gutiérrez Mellado, entonces comandante general y delegado del Gobierno en Ceuta, se atrevió a sugerir al Presidente Arias durante el verano de 1975.

El ministro de Asuntos Exteriores, fiel a sus tesis de jurista y sin haber perdido aún su confianza en las Naciones Unidas, insistía en que cualquier negociación solo podría afrontarse sobre la base de la autodeterminación del Sahara. Él mismo intervino el 30 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, exponiendo con precisión y claridad la postura del Gobierno: se trataba de dar ocasión a la población del Sahara para que se determinara libremente, en estricta aplicación de las resoluciones de aquella Asamblea y «sería un contrasentido que, por una errónea apreciación de los elementos en juego, se diese primacía a pretensiones de terceros sobre los auténticos intereses de la población autóctona que son los que, en toda circunstancia, protege el derecho universal de los pueblos dependientes a decidir su destino». Por encima de tergiversaciones y confusionismos, Cortina Mauri explicó que la población autóctona nunca había tenido más relaciones que con la potencia administradora y que, «llegada la hora de la descolonización, nada debiera interponerse en la relación entre la potencia administradora y la población».

Aunque en determinadas resoluciones de la ONU algunos países hubieran sido calificados como «partes interesadas», esa calificación se hizo exclusivamente en relación con la celebración del referéndum para mayor garantía de la autodeterminación pero, cuando el Gobierno español anunció la celebración del referéndum en los seis primeros meses de 1975, surgieron las iniciativas de Marruecos para invalidar esa decisión o, en todo caso, para aplazar su cumplimiento. De ahí el dictamen solicitado al Tribunal Internacional de Justicia, absolutamente innecesario porque la autodeterminación estaba reiteradamente decidida por la ONU, pero que España aceptó para seguir cumpliendo sus resoluciones.

Aplazada la autodeterminación, se alteraba la paz en el Sahara con repetidos actos de violencia y hostigamiento consentidos desde el exterior e incompatibles con el deber de mantener la paz que tienen los Estados limítrofes, debido a su calificación de partes interesadas. Tras exponer las actuaciones del Gobierno español antes relatadas, el Ministro declaró que España seguiría haciendo frente a sus responsabilidades como potencia administradora hasta el término del proceso descolonizados, «siempre que los demás Estados —especialmente los limítrofes— respeten su desenvolvimiento pacífico y no permitan que se alteren los supuestos en que se basa». De producirse cualquier alteración que ponga en peligro la paz, se reiteraba la advertencia de que se acudiría al Consejo de Seguridad.

La misión de la ONU que había visitado el Sahara en mayo dio a conocer su informe el 14 de octubre. A lo largo de nueve capítulos, mantiene que la mayoría de la población saharaui está a favor de la autodeterminación y no de las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania y termina con la clara recomendación a las Naciones Unidas de que apoyen al gobierno de Madrid en la última fase de la descolonización.

El Tribunal Internacional de La Haya emitió su dictamen consultivo el 16 de octubre de 1975, declarando que «no ha comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan modificar la resolución 1514 (XV) en cuanto a la descolonización del Sahara Occidental y en particular a la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio». El dictamen era absolutamente adverso para Marruecos, pero sus alusiones a que algunas tribus del norte, al entrar en los confines de Marruecos en busca de pastos, hacían acto de sumisión al Sultán, bastaron para que Hassan II tergiversara la decisión y anunciara ese mismo día 16 de octubre la «larcha verde», en la que 350.000 personas avanzarían sobre el Sahara con la bandera verde de Marruecos.

La perfidia del rey de Marruecos quedó de manifiesto en las declaraciones que él mismo hizo veinte años después: «Se trataba de un objetivo psicológico sobre el cual se sostenía todo. Yo sabía que Franco y su entorno eran militares. Pero, si se comportaban como auténticos militares, no me los imaginaba disparando contra trescientos cincuenta mil civiles desarmados. En cambio, si se trataba de carniceros… En realidad era un chantaje horroroso, pero un chantaje lícito que ninguna ley castigaba»(25).

(17) La resolución 3292 que lo acordaba, insertó la precisión de que el aplazamiento no afectaba al derecho de libre determinación de las poblaciones del Sahara Occidental.

(18) Informe del 14 de marzo de 1975.

(19) Informe al Gobierno sobre la situación de la Armada ante la revisión de la Ley 32/1971, abril 1975.

(20) La autoridad de Eduardo Blanco Rodríguez, que era director general de Promoción del Sahara, me permite recoger su afirmación de que no hubo posibilidad de que el Polisario se considerara una fuerza colaboradora en un proceso de descolonización normal, como el que España quería (Diario de Sesiones cit. n° 30, pág. 40). La actuación del Frente Polisario durante aquellos años 73 a 75 convierte en grotesca la afirmación que hizo treinta años después su líder Mohamed Abdelaziz, en el sentido de que España no había cumplido con sus obligaciones como potencia administradora (ABC, 11 de julio de 2005, pág. 18).

(21) Esta advertencia de que España podía renunciar unilateralmente a sus obligaciones de potencia administradora se reiteró en tres ocasiones, como explicó Cortina Mauri en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el 15 de marzo de 1978.

(22) La introducción de la palabra «soberanía» fue un evidente lapsus: España no tenía soberanía sobre el territorio, sino exclusivamente la condición de potencia administradora.

(23) E1 22 de enero de 1975 provocó explosiones en El Aaiún, con nueve soldados heridos graves y veintisiete leves. En abril y mayo colocó bombas en lugares significativos. Y el 7 de junio intentó apoderarse del puesto de Mahbes, a treinta kilómetros hacia el interior del Sahara desde la frontera marroquí, pero se encontró con su muy eficaz guarnición, que detuvo a cuarenta hombres, entre ellos al jefe guerrillero, Abua Chej, que resultó ser un capitán marroquí, aunque Hassan II le negó esa condición. El 24 de junio provocaron la muerte de un teniente, un sargento y tres soldados. Todavía después del discurso de Gómez Salazar, en la noche del 2 al 3 de agosto, un comando del Frente de Liberación y Unidad, notoriamente apoyado por Marruecos, atacó el puesto de Hausa, asesinando al cabo primero Joaquín Ibarz Catalán.

(24) En la misma Asamblea, el secretario general del gobierno, Rodríguez de Viguri reiteró la voluntad del Gobierno español de conseguir la autodeterminación, advirtiendo que algunos visitadores de la ONU eran partidarios de la anexión a Marruecos y que Argelia estaba tratando de conseguir una repartición del territorio.

(25) Declaraciones de Hassan II a Eric Laurent en 1995, reproducidas por Ignace Dalle en Los tres reyes. La monarquía marroquí desde la independencia a nuestros días, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2006, pág. 438.