La España del Milagro Español, por José Luis Orella

 

José Luis Orella
Historiador y Profesor Universitario

 

La España atrasada y destruida por la cruenta guerra civil, tendrá un largo proceso de desarrollo a través de la labor INI, a partir de cuya labor de crear un incipiente tejido industrial público, pudo sustentar con éxito los planes de desarrollo que se realizaron tras el Plan de Estabilización.

Los objetivos de los Planes de Desarrollo tendrán unos objetivos marcadamente políticos. La transformación de una sociedad que demandará un Estado de Derecho que herede la provisionalidad del régimen creado por el caudillaje personal del general Franco. Los responsables del Desarrollo plantearán que la sucesión al liderazgo del general, deberán ser unas instituciones enmarcadas en un Estado de Derecho, en calidad de Reino. Los Planes de Desarrollo no serán una medida neutral de gestión técnica, sino el instrumento determinante de una operación política que tenía como objetivo instaurar una Monarquía social sucesora de los valores tradicionales de la historia de España.

Los Planes de Desarrollo Económico y Social que se realizaron fueron tres, aunque a nivel teórico se confeccionaron cuatro. Los tres primeros por la Comisaría del Plan de Desarrollo, que era el órgano encargado de la elaboración, ejecución y coordinación de los Planes. Después, con su transformación en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se elaboró un cuarto que nunca fue activado. Los Planes fueron los siguientes:

Primer Plan de Desarrollo (1964-1967), aprobado por la Ley 194/1963 de 28 de diciembre. Publicado en el BOE de 30 diciembre de 1963.
Segundo Plan de Desarrollo (1968-1971) Ley 1/1969, de 11 de febrero. Publicado en el BOE de 12 febrero de 1969.
Tercer Plan de Desarrollo (1972-1975) Ley 22/ 1972 de 10 mayo. Publicado en el BOE de 11 mayo de 1972.
Cuarto Plan de Desarrollo (1976-1979) No aprobado.

Durante el periodo de vigencia de los tres Planes de Desarrollo, el incremento industrial demandará numerosa mano de obra que se solventó sacándola del campo, donde se impuso la necesidad de mecanizar las labores de roturación, siembra y recolección. De 1960 a 1975, la mano de obra dedicada a la agricultura, pasó de un 36,6 % a representar un 18,3 %; entretanto, la dedicada a actividades industriales, pasó de 21,2 % a 28,3 %% y en cuanto a servicios, de 29,1 % a 38,6 %. El paro se vio reducido a cien mil personas y la mujer hubo de entrar a trabajar, representando un 25 % de la mano de obra total. Una verdadera revolución social.
La necesidad de energía barata fue suplida por la construcción masiva de centrales hidroeléctricas que aprovechaban el agua embalsada en los numerosos pantanos inaugurados por Franco, y que a la vez proporcionaban reservas acuíferas a la creciente población humana de las urbes. La producción eléctrica pasó de 5.017 millones de kilowatios/hora (Hidroelectricidad) y 1.836 millones de Kwh (termoeléctrica) en 1950; a 15.625 mill. de Kwh ((Hidroelectricidad) y 2.989 mill. de Kwh (termoeléctrica) en 1960; y en 1975 a 25.069 mill. de Kwh (Hidroelectricidad), 46.990 mill. de Kwh (termoelectricidad) y 7.544 mill. de Kwh (Nuclear). Los regadíos pasaron de 450.000 ha en 1942, a 1.700.000 ha en 1975. Con respecto a la demanda petrolífera, se aumentó el número de refinerías en los polos de desarrollo de Tarragona, Castellón, Puertollano (Ciudad Real), Algeciras (Cádiz), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña y Somorrostro (Vizcaya). En cuanto a la energía nuclear, hará su aparición a partir de 1963, con la Ley sobre Energía Nuclear que autorizó la primera central española en Almonacid de Zorita (Guadalajara). Que iniciará su actividad el 14 de julio de 1968. Tres años más tarde, en 1971, llegará el turno a Santa María de Garoña (Burgos), con una potencia de 460 MW. En 1972, abrirá Vandellós I (Tarragona), con una potencia de 500 MW.
Entre las industrias que sirvieron de motores del proceso de desarrollo, la automovilística, la química y la naval fueron determinantes junto al turismo en lo que se denominó “Milagro español”. El gobierno tecnócrata procedió a crear el marco idóneo para fomentar una estructura industrial, protagonizada por empresas españolas de iniciativa privada y extranjeras, éstas últimas necesarias para el aporte tecnológico. Los sectores como el automovilístico, el químico y el naval eran motores de creación de múltiples pequeñas y medianas empresas de complementos. Su aparición, no sólo transformó la economía, si no que a su vez exigió cambios en el sistema educativo vinculado a la formación laboral, y creación de infraestructuras de comunicación, vivienda y servicios sociales para los trabajadores y sus familias, nuevos ciudadanos de barrios de reciente construcción por la obra social sindical.

La industria turística su acomodó en la costa española, y pronto la construcción se convirtió en uno de los puntales del crecimiento económico español. En 1955 existían 1.836 hoteles en total, sumando desde los considerados de lujo hasta las pensiones de segunda; en 1959, habían aumentado a 2.414; en 1964, en plena fase de crecimiento desarrollista, los hoteles eran 5.915; en 1969, en plena fiebre alcista, ya eran 7.496; y en 1975, ya habían alcanzado la cifra de 9.518 hoteles. En cuando a los visitantes, en 1955, habían llegado 1.383.359 extranjeros; en 1958, llegaron a 2.451.823; en 1964, en pleno periodo inicial del desarrollismo, se había llegado a la cifra de 10.506.675 de turistas; en 1969, el número de visitantes extranjeros llegaba a 18.878.820; y finalmente en 1975 los turistas eran 27.359.337.

En el caso de la industria automovilística, de 1952 a 1972 el crecimiento fue del 21,7 % y una participación del 10,6 % en el valor añadido industrial, sólo superada por la industria química con un crecimiento del 14,4 % y una aportación al valor añadido del 12,6 %. Después del periodo nacionalista inicial, incentivado por el INI, con la creación de ENASA (1946) y SEAT (1950), vendrá la colaboración con empresas extranjeras que proporcionen tecnología punta, e incluso el asentamiento de filiales extranjeras. La industria automovilística se transformó en una de las motoras del desarrollo, por su capacidad de demanda de aceros, equipos electrónicos, caucho y otros que exigirá la creación de una amplia red de empresas complementarias. Al mismo tiempo, demandará la construcción de mejores infraestructuras viarias y la necesidad de ampliar la recepción y refino de petróleo para gasolinas. Todas aquellas actividades se veían grabadas por Hacienda, que de esa forma proporcionaba en 1966 a la Hacienda española unos ingresos de 35.000 millones de pesetas, de un global de 190.000 millones.

En 1966, la producción absoluta de automóviles llegó a las 250.000 unidades, era el inicio de una industria que se volcaría posteriormente hacia la exportación, junto con las ligadas a vehículos industriales. En 1960, el parque de automóviles era de 600.000, y pasó en 1976 a ser de 5 millones; mientras el de vehículos industriales, su salto fue de 300.000 a un millón. La necesidad de tecnología foránea sería lo que incidiría que de forma progresiva las empresas nacionales fuesen absorbidas por las multinacionales extranjeras. Especialmente cuando desde 1970, por el tratado preferencial firmado con la CEE, España se convirtió en una plataforma ideal de exportación para las empresas automovilísticas norteamericanas.

Con respecto a la industria química, los Planes de Desarrollo, tomaron a la industria química como uno de sus puntos importantes, como fue el caso del Polo de Desarrollo de Huelva. Especialmente el III Plan de Desarrollo fue el causante de un valor de producción de un 225 %, y del aumento del consumo nacional en un 222 %. En 1963 se exportaba 2.800 millones de pesetas, y en 1974 fueron 52.866 millones de pesetas. No obstante, la importación pasó de 16.816 millones de pesetas a 128.766 millones de pesetas en 1974. A nivel de empleo, todo el sector englobaba a 140.590 trabajadores en 1963, que pasaron en 1970 a 209.010.

En cuanto a la industria naval, será la principal de las siderometalúrgicas que se convierta en uno de los principales soportes del crecimiento español. Esta actividad había contado desde el inicio del INI con un gran apoyo de su fundador, Juan Antonio Suanzes, ingeniero naval de la Armada. De su mano vendría la fundación de astilleros en Sevilla (Elcano), El Ferrol (Bazán) y la propiedad de Astilleros de Cádiz. El gobierno favoreció la labor de los astilleros españoles mediante la Ley de Protección y Renovación de la Flota Mercante de mayo de 1956. En ese aspecto el apoyo crediticio del Banco de Crédito Industrial y de las entidades bancarias privadas será fundamental. La producción pasará de ser en 1960, de 160.000 Toneladas de Registro Bruto (TRB); al 1,6 millones de TRB de 1975, de las cuales el 42 % del total estará destinado para la exportación. En la década de los sesenta, de las 828.221 TRB exportadas; 498.319 TRB habían tenido como destino algún país hispanoamericano. Sin embargo, en la década de los setenta se perfila un enorme vuelco producido por el Tratado preferente de adhesión a la CEE de 1970. Europa tiene como destino en esa década 2.512.207 TRB. Los intereses de CEPSA en Algeciras, la Gulf Oil con Huelva y Somorrostro (Vizcaya), Petroliber en La Coruña, y BP en Castellón, les obligaba a contratar para el transporte hacia las refinerías españolas, buques españoles. En 1971, España disponía de 9 refinerías con una capacidad de refino de 40 millones de toneladas. Con estas circunstancias, nuestro país se había convertido en el cuarto productor mundial de navíos.
A nivel de tonelaje, en 1961, la marina mercante española llegó a reunir 1.905.339 TRB, correspondiente a 1.917 buques; mientras que en 1970, eran 2.857 buques con un tonelaje de 3.581.194 TRB. De la cual, en 1970, 653.191 TRB correspondían a nuestra flota pesquera, que iba incrementándose, y que en 1975 reunía un arqueo de 780.900 TRB, correspondiente a 17.148 embarcaciones pesqueras. No sólo la demanda internacional alimentaba nuestros astilleros, si no que existía una amplia demanda nacional derivada de la numerosa marina mercante (unos 5 millones de TRB) y de una industria pesquera floreciente, que a su vez, se complementaba con una intensa industria conservera asentada en las costas del Cantábrico y el Atlántico, que daba trabajo a la población femenina, mientras la masculina permanecía embarcada.

El crecimiento económico provocó una gran demanda de viviendas. Según Mario Gómez-Morán en Sociedad sin vivienda, Fundación Foessa, Madrid, 1972, entre los años 1961 y 1973, se construyeron en España 3.347.768 viviendas, sumando otras 358.460 en 1974 y añadiéndose 374.391 en 1975; en definitiva, en doce años, las cifras se elevaron a 4.080.619 viviendas. La industria también demandó una mano de obra especializada. Desde 1949 se había creado el bachillerato profesional, pero el 12 de julio de 1956, aparecería la orden del Estatuto Provisional de las Universidades Laborales, conjunta de los ministerios de Trabajo y de Educación Nacional. El Estatuto Docente de las Universidades Laborales aparecería en la Orden de 16 de agosto de 1958, y su Reglamento Orgánico de las Universidades Laborales con el Decreto 2266/60 de 24 noviembre de 1960. Sin embargo aquella sociedad necesitaba una sociedad de bienestar, y ésta vendría con la Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1963, que dará origen al sistema de Seguridad Social, inspirada en las declaraciones III y X del Fuero de los españoles.

El principal objetivo de la Seguridad social era elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familiares en los ámbitos sanitarios, culturales y laborales. Incluía en su campo de actuación a todos los trabajadores de cuenta ajena y autónomos, estudiantes, y funcionarios, tanto civiles, como militares. Por sus diversidades, la mayoría estaban integrados en el régimen general, pero el resto en especiales, como eran los comerciantes, empleadas de hogar, trabajadores del mar, del campo, funcionarios, autónomos, artistas. El nuevo organismo estaría financiado por cuotas, tanto por los trabajadores, como por los empresarios, en 81,55%, por transferencias un 12,52%, y el Estado un 0,63%. Los servicios sociales que aportaba eran Higiene y seguridad del trabajo; medicina preventiva; recuperación de invalidez y acción formativa. Esta última labor consistía en becas formativas para las universidades laborales. El sistema de la Seguridad Social proporcionó una seguridad sanitaria de calidad, cuyos miembros y familiares tenían consulta, cuidado y medicamentos gratuitos. Del mismo modo, a nivel de pensiones, las de vejez, viudedad y orfandad proporcionaron una seguridad que no existía antes y que condenaba a grupos sociales en riesgo, a la miseria y la marginalidad. Con diez años de cotización mínima y 65 años cumplidos, un trabajador ya reunía las condiciones mínimas para cobrar una pensión vitalicia.

La espectacular salida del subdesarrollo de España, contrastaba con las cifras de crecimiento del resto de los países europeos, los cuales habían tenido la ayuda abundante del Plan Marshall estadounidense al final el segundo conflicto mundial. Sin embargo, si la Europa occidental recuerda la década de los sesenta por su bienestar, en España no cabe duda que se convierte en su proceso de mayor acercamiento al modo de vida occidental. En 1950, la sociedad española todavía dibujaba un esquema de país agrario meridional y atrasado con una clase alta del 0,1%, una escasa clase media del 27%, en su mayor parte propietarios agrícolas y funcionariado. En cuanto a la clase obrera, se alimentaba de una enorme reserva de peonaje agrícola que situaba a los trabajadores en el 72,9%. Sin embargo, en 1981, siguiendo los datos de los informes FOESSA, los profundos cambios del desarrollismo habían incrementado la clase alta a un 5%, pero la clase media aumentaba a un 42% y se convertía en la verdadera piedra angular del equilibrio social español. En cuanto a la clase obrera, quedaba reducida a un 53%, aunque todavía mayoritaria.

La forja de la clase media será la principal labor que el régimen de Franco proporcione a favor de la estabilidad política y social del país. Como bien supo definir, uno de sus ministros, Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro El Crepúsculo de las ideologías, Salvat-Alianza Editorial, Estella, 1971, p. 139.:

“El desarrollo económico dignifica al hombre e, innumerables efectos secundarios, concentra la atención utilitaria de las masas en el trabajo productivo, despegándolas de la batalla política. Simultáneamente, aumenta la cifra de propietarios y el grado social de responsabilidad y de estabilidad; aburguesa a los proletarios y a las aristocracias; es decir, homogeneiza las clases y, consecuentemente, sus intereses, con lo que se solidarizan los grupos, se aproximan los programas y se supera la polaridad de las reivindicaciones. Todo ello apresura la agonía de las ideologías. Además, la elevación del nivel medio de vida coincide en todas las latitudes con una disminución del analfabetismo, un incremento de la escolaridad, una intelectualización de las actividades y una elevación general de la capacidad media de raciocinio. Pero cuando aumenta el grado de racionalidad disminuyen el pasional, el instintivo y el mágico. Decrecen la ingenuidad, la urgencia de consignas, y la docilidad mental; se desarrollan el sentido crítico, el espíritu de especialización y los conocimientos. Conclusión: el clima se torna amenazadoramente hostil a la proliferación de las ideologías”.

La conquista de un nivel de vida acomodado proporcionaba a la sociedad española la madurez suficiente para asumir el aperturismo político que se avecinaba, pero sin los miedos a los peligros revolucionarios que habían atemorizado la retaguardia del bando republicano durante la guerra civil. Además la línea seguida, a favor de un Estado de Derecho con voluntad de social, se correspondía con los regímenes democráticos europeos que en tenían en común líneas de fuerte intervencionismo público en lo social.