Las consecuencias del asesinato de José Calvo Sotelo, por Miguel Platón

Miguel Platón

Libertad Digital

 

 

 

Los hechos son bien conocidos: en la madrugada del lunes 13 de julio de 1936 y como represalia por el asesinato horas antes del teniente izquierdista José Castillo, una docena de guardias y paisanos vinculados al Partido Socialista secuestraron en su domicilio y asesinaron al diputado José Calvo Sotelo, líder del grupo parlamentario Bloque Nacional.

Las consecuencias del crimen supusieron en la práctica el final de la Segunda República y el comienzo de la Guerra Civil. La conspiración organizada por el general Emilio Mola, comandante militar de Navarra, estaba muy avanzada, pero aún no disponía de los elementos necesarios para asegurar su éxito. Habían comprometido su apoyo tres generales de División -el jefe de la 5ª División Orgánica (Zaragoza), Miguel Cabanellas; el inspector general de Carabineros, Gonzalo Queipo de Llano, y el comandante militar de Baleares, Manuel Goded-, así como otros mandos militares de la Península y el norte de África, pero el comandante militar de Canarias, general de División Francisco Franco, que debía ponerse al frente del llamado Ejército de África, llevaba semanas guardando silencio; a finales de junio había tendido la mano al Gobierno del Frente Popular, a espaldas de Mola, y el 12 de julio anunció su reticencia a participar en el golpe con un telegrama cifrado: “Geografía poco extensa”.

La ausencia de Franco era crucial, puesto que el 20 de junio y ante las dificultades encontradas en las guarniciones de Madrid, Barcelona y otras capitales, el general Mola había encomendando el protagonismo de la sublevación a las Fuerzas Militares de Marruecos, la mitad de ellas profesionales (Regulares y el Tercio), que eran con diferencia las mejor instruidas del Ejército. Sin las unidades de África y el liderazgo del comandante militar de Canarias, el éxito del golpe era más que dudoso.

Mola había conseguido el apoyo de Falange Española, pero no se había sumado la organización paramilitar más numerosa y mejor instruida de la derecha: el Requeté de la Comunión Tradicionalista.

Los efectos del asesinato se sucedieron en cascada desde el mismo día 13. La irritación de una parte considerable de la ciudadanía se vio agravada por la política de ocultamiento que practicó el gobierno de Santiago Casares Quiroga.

La reconstrucción de los hechos

La policía conocía desde la misma madrugada que Calvo Sotelo había sido secuestrado por un grupo del que formaban parte guardias de Asalto mandados por oficiales, que habían llegado al domicilio del diputado en dos vehículos de servicio. El comisario jefe de la Brigada Criminal de Madrid, Antonio Lino, acudió a la casa del político tras la llamada que su esposa había efectuado al director general de Seguridad, Alonso Mallol. Lino pudo hablar con los guardias que vigilaban el portal y con la familia, cuyas versiones coincidían. Luego descubrió que en la camioneta de la Guardia de Asalto utilizada por los secuestradores había manchas de sangre que se habían intentado borrar.

Antes incluso que él -según consta en las memorias inéditas facilitadas por un hijo suyo– uno de los escoltas del parlamentario, Baldomero Correa, acudió al tener noticias de la supuesta detención al domicilio de Calvo Sotelo. El sereno del barrio -un “gallego inteligente”- le manifestó su extrañeza porque los vehículos policiales habían girado en la calle Velázquez a la izquierda, en lugar de a la derecha, camino lógico para ir a la dirección general de Seguridad. Corea se dirigió a esta última, donde averiguó en conversaciones con unos compañeros que el diputado había sido llevado al Cementerio de Este. Al llegar descubrió el cadáver del líder del Bloque Nacional.

El Gobierno ocultó la responsabilidad de agentes de Orden Público, entorpeció la instrucción judicial, ordenó el cierre el mismo día 13 del diario vespertino “Ya”, de la Editorial Católica, que había publicado información veraz sobre el suceso; la censura prohibió que la prensa calificara de asesinato la muerte del político y el martes 14 cerró el diario “La Época”, cuyo propietario había decidido no publicar el periódico ante la prohibición de decir que Calvo Sotelo había sido asesinado. Al día siguiente, martes 15, la censura prohibió que los periódicos informaran del contenido de la sesión celebrada por la Diputación Permanente de las Cortes, a menos que reprodujeran el acta taquigráfica íntegra. Como resulta evidente por estas actuaciones, el Gobierno republicano del Frente Popular no era una democracia.

 

Lo peor de todo, sin embargo, fue la ausencia total de reacción política al crimen. Con el respaldo del presidente Manuel Azaña, el Gobierno no actuó de forma contundente contra los responsables y ni siquiera intentó tranquilizar a la opinión conservadora. Nadie dimitió y prosiguió la represión contra organizaciones ajenas al asesinato, como la Falange, la Comunión Tradicionalista y el sindicato CNT, anarcosindicalista.

Más grave aún fue la actitud del Partido Socialista. A primera hora de la mañana del mismo lunes 13, antes de que la noticia se difundiera, la dirección del PSOE supo que militantes de su partido y el sindicato UGT habían participado en el secuestro y asesinato. El cabecilla del grupo –Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil- y otro de sus integrantes se lo comunicaron personalmente a dirigentes socialistas. El partido, por decisión de Indalecio Prieto, encubrió los hechos, hasta el punto de que Condés fue ocultado por la diputada Margarita Nelken. Era un delito, pero sobre todo una gravísima deslealtad al Estado de Derecho republicano. En términos políticos, la dirección socialista hizo la Guerra Civil prácticamente inevitable.

Así lo entendió, en Tenerife, el general Francisco Franco. El mismo día 13, por la tarde, su primo y ayudante Francisco Franco Salgado-Aráujo sacó dos pasajes para la esposa y la hija del comandante militar de Canarias, en un buque alemán que llegaría a Las Palmas el domingo 19 y hacía escala en El Havre (Francia), donde ambas mujeres desembarcarían para refugiarse en casa de Mme. Claverie, que veinte años antes había sido institutriz de la esposa de Franco, Carmen Polo, en Oviedo, y que residía en Bayona.

Franco organizó también el contacto con el avión británico que le habían prometido y que se encontraba en Casablanca (Marruecos), a la espera de instrucciones. El martes 14 recibió a primera hora clase de inglés por parte de Dora Lennard de Alonso, quien describió así a su alumno:

“La mañana posterior a que llegaran las noticias del asesinato de Calvo Sotelo encontré a un hombre cambiado cuando llegó para dar la clase. Parecía diez años mayor y resultaba evidente que no había dormido en toda la noche. Por vez primera estuvo cerca de perder su férreo dominio de sí mismo y su inalterable serenidad. Comentamos brevemente las noticias, pero él habló con pasión. Era obvio que se estaba agitando lo más profundo de su ser. Siguió la lección con visible esfuerzo y se retiró cuando llegó su hija”.

El mismo día 14, a última hora y después de dos meses de desencuentros, la Comunión Tradicionalista decidió sumarse al golpe organizado por Mola, sin condición alguna, “por Dios y por España”.

Tres días más tarde comenzaba la Guerra Civil, mediante un golpe de Estado que respaldaron las tres cuartas partes de los militares profesionales, más de la mitad de la Guardia Civil y casi todos los partidos del centro y la derecha: la CEDA, los Agrarios, la Lliga Regionalista de Cataluña, Renovación Española, la Comunión Tradicionalista, el Partido Republicano Radical, el Centro, el Partido Nacionalista Vasco de Álava y Navarra, y otros diputados. José Calvo Sotelo había sido la primera víctima.