Sobre la legitimidad o ilegitimidad del 18 de Julio, por Jesús Lainz

Jesús Laínz

El 21 de diciembre de 1938, tocando ya la victoria con la punta de los dedos, el Gobierno de Franco encargó a una comisión de veintidós juristas la elaboración de un informe sobre la “ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936” con el objetivo de contrarrestar la propaganda del agonizante bando contrario, centrada en la reivindicación de su carácter de Gobierno legítimo y defensor de la democracia. La orden del ministro Serrano Suñer explicó con claridad su tesis acusatoria:

Que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley.

Los tres argumentos principales de la comisión fueron la inconstitucionalidad del Parlamento surgido de unas elecciones, las de febrero de 1936, fraudulentas, la responsabilidad de los gobernantes en el asesinato de Calvo Sotelo y la conversión del Estado, desde dichas elecciones, en un “instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen”.

Empezando por el último, el régimen republicano fue, sin duda, el más caótico de la historia contemporánea de España: las garantías constitucionales estuvieron suspendidas el 50% del tiempo; hubo 2.629 muertos por violencia política en cinco años, una media de nueve por semana; muchos miles de heridos; cientos de huelgas, de saqueos, de atentados, de incendios de iglesias, conventos, bibliotecas, centros derechistas e incluso lugares asociados con la vida burguesa, como teatros, casinos, restaurantes o cafeterías.

En los sangrientos meses posteriores a las elecciones de febrero, la violencia y el caos se dispararon: cientos de asesinatos, incendios, palizas, detenciones arbitrarias; destitución de jueces; asalto a las cárceles para liberar a condenados por la revolución de 1934 –y de paso a presos comunes–; robos de cosechas, invasiones de fincas, incautación de propiedades; cierre de colegios católicos, ataques a sedes de los partidos derechistas, etc.

Como reconoció el egregio republicano Salvador de Madariaga, “el país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte”. En sus propias carnes lo sufrió nada menos que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a quien despertaron a las cuatro de la madrugada para informarle de que el terror reinaba en su finca de Jaén, “donde se persigue y prende a mi familia en masa”, relatará. Y cuando finalmente llegaron los guardias de asalto a poner orden, “se llevaron presas… ¡a treinta siete personas más respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejaron tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!”. El presidente recogió en su diario muchos otros “atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad”, como el registro de domicilios de derechistas, la destitución y prisión de alcaldes legítimamente elegidos, la prohibición del culto católico, extorsiones, palizas, mutilaciones, etc. En el capítulo de las extorsiones, singularmente afectados fueron los automovilistas, obligados por la fuerza a pagar un impuesto revolucionario a cuadrillas que controlaban las carreteras. Una vez más, no se libró de ello ni el escandalizado Alcalá-Zamora, al que obligaron a aflojar la bolsa para poder continuar su viaje.

“Ya va siendo hora de arrojar al vertedero de los mitos absurdos esa versión pueril y maniquea de republicanos demócratas y buenos contra nacionales fascistas y malos que tanto ha envenenado y sigue envenenando la vida política de España”

Pero la comisión no centró su acusación en los desmanes populares, sino en las irregularidades cometidas por quienes tuvieron responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el propio Alcalá-Zamora tomó nota de “la sistemática ocultación por el Gobierno [de Azaña] a mí de cuanto ocurre sobre alteración del orden público”, de la aprobación de decretos manifiestamente anticonstitucionales, de excarcelaciones ilegales, etc. Junto a todo lo anterior estuvieron las exculpaciones de quienes habían participado en la revolución de 1934, culpables de delitos de sangre incluidos; su reincorporación al Ejército y la Policía; la simultánea inculpación de los encargados de defender el orden constitucional; la ilegalización de varios partidos derechistas y la detención de miles de sus militantes; la impunidad para los delitos cometidos por izquierdistas; los procesos políticos arbitrarios –José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, fue detenido “por fascista”, delito no tipificado en el Código Penal–; las sustituciones de alcaldes electos por militantes frentepopulistas; el incumplimiento por parte del Gobierno de las sentencias judiciales, incluida, por ejemplo, la anulación por el Tribunal Supremo de la ilegalización de Falange; la incorporación de militantes socialistas y comunistas a las fuerzas de seguridad como “delegados de policía”; etc. Todo ello fue resumido por uno de los fundadores de la República, Miguel Maura, como “la verdadera plaga bolchevique que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta”.

Mención aparte merece, por las trascendentales consecuencias que tuvo el magnicidio, el comportamiento de algunos políticos izquierdistas antes, durante y después del asesinato de Calvo Sotelo. Porque, en primer lugar, estuvieron las muy conocidas amenazas de muerte a él y a Gil Robles en el Parlamento por parte de los comunistas José Díaz y Dolores Ibárruri, el socialista Ángel Galarza e incluso el presidente Casares Quiroga. En segundo, los no menos conocidos vínculos del PSOE, y en concreto del círculo de Indalecio Prieto, con los agentes policíacos autores del crimen. Y, finalmente, el bloqueo que éste impuso al Gobierno en su inicial intención de investigar los hechos, la impunidad en que quedaron los asesinos, la censura de prensa decretada inmediatamente, la nueva oleada de detenciones de derechistas e incluso el cese de Ursicino Gómez Carbajo, el juez de instrucción que pretendió esclarecer lo sucedido.

Por lo que se refiere al fraude electoral de febrero, punto primero de la comisión de juristas franquistas, éstos denunciaron la falsificación de actas, la proclamación de diputados que no habían sido elegidos, la anulación de elecciones en varias circunscripciones para repetirse en condiciones de violencia, así como la declaración de incapacidad de diputados que no estaban legalmente incursos en ella.

Alcalá-Zamora ya apuntó el 8 de marzo:

Una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación en las recientes elecciones (…) Ha costado días y esfuerzos saberlo porque las manipulaciones de prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candidatos, lo imposibilitan.

Una vez escapado de la escabechina, escribió en el Journal de Génève el 17 de enero de 1937 que el Frente Popular había logrado la mayoría absoluta

violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia (…) sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados (…) desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por medio de la violencia (…) A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados (…) Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamó diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de la minoría.

Algún tiempo después declararía el expresidente:

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la documentación electoral quedarse en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible (…) ¿Cuántas actas falsificaron? El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a ochenta actas.

Por su parte, el flamante nuevo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, escribió a su cuñado Rivas Cherif estas cínicas líneas:

En La Coruña íbamos a sacar cinco o seis. Pero antes del escrutinio surgió la crisis, y entonces los poseedores de 90.000 votos en blanco se asustaron ante las iras populares, y hemos ganado los trece puestos… ¡Veleidades del sufragio!… Han sacado al otro… para que no saliera Emiliano, a quien metimos preso la misma noche de formarse el gobierno, para salvarle la vida, decían los de allí (…) hemos sacado (…) otro en Guipúzcoa… y no tenemos dos porque los comunistas se llevaron las actas pistola en mano.

Ochenta años después de aquel enorme fraude electoral los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han publicado su esencial aportación (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular) para zanjar, documentos originales en mano, cualquier posible discusión sobre la legitimidad de unas elecciones que habían sido ganadas por las derechas y cuyo falseamiento desató la crisis final de un régimen republicano convertido en revolución bolchevique.

El suicidio de la República fue confesado con amargura por muchos eminentes republicanos, como los padres fundadores Ortega, Pérez de Ayala y Marañón, huidos del régimen que tanto contribuyeron a construir y cuyos hijos acabaron alistándose voluntarios en el ejército de Franco. Ayala escribiría sobre los dirigentes republicanos, especialmente sobre Azaña:

Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza.

Marañón fue todavía más contundente:

¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez (…) Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? (…) Y aun es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos (…) No tenemos derecho a quejarnos de la dictadura, pues la hemos hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja.

Hasta Indalecio Prieto, en un rapto de honradez, acabaría admitiendo:

Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe.

Y su gran rival en el seno del PSOE, Julián Besteiro, llegó a descalificar de tal modo a los republicanos que atribuyó al bando alzado la defensa de la civilización:

La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las más macabras concepciones de Dostoievski y de Tolstoi. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern.

Los republicanos, aun partiendo con una enorme ventaja en medios humanos, materiales y financieros, perdieron la batalla militar por su incompetencia y su desgaste en luchas intestinas –recuérdese el POUM–, ya comenzadas antes del estallido de la guerra: Prieto y los suyos perseguidos a tiros por los seguidores de Largo Caballero el 31 de mayo del 36 en Écija. Perdieron la batalla del apoyo internacional porque sus desmanes consiguieron que las potencias democráticas no se implicaran en la defensa de un régimen equiparable a la Rusia de 1917. Y perdieron la batalla del apoyo del pueblo español porque la gran mayoría, incluidos muchos que habían recibido la República con esperanza, rechazó su caos y ansió la victoria del bando que, a sus ojos, representaba la recuperación del orden.

Pero, como ha señalado Stanley G. Payne con magistral brevedad, la fenecida “República democrática”, a partir de las fraudulentas elecciones de febrero del 36, “era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda”. Tan larga que ha llegado hasta nuestros días y ha conseguido mantener, en España y en todo el mundo, el mito de una República democrática destruida injustamente por un golpe fascista organizado por curas, marqueses y militares. Mito que ha sido rejuvenecido en los últimos años por voluntad de varios gobiernos españoles: el de Zapatero mediante la llamada Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 con la colaboración del Partido Popular; y el de Aznar mediante la condena del alzamiento del 18 de julio en la sesión parlamentaria del 20 de noviembre de 2002.

Sin embargo, la constatación de los hechos históricos no permite otra salida que confirmar la exactitud de los argumentos elaborados en 1939 por la comisión de juristas franquistas. Después cada uno sacará sus conclusiones sobre si, a pesar de todo, estuvo justificado o no el recurso a la fuerza; sobre si la guerra fue inevitable o no; sobre qué bando mereció ganarla; y sobre las virtudes o defectos del régimen salido de ella.

Pero ya va siendo hora de arrojar al vertedero de los mitos absurdos esa versión pueril y maniquea de republicanos demócratas y buenos contra nacionales fascistas y malos que tanto ha envenenado y sigue envenenando la vida política de España.