Puntualizaciones al manual de Ciencias Sociales de 4º de la E.S.O. de la Editorial Vicens Vives

 

Dada la importancia de este trabajo, volvemos a traerlo a nuestras páginas para su lectura.

 

 

 

 

 

 

Tras una revisión a la Historia de nuestro siglo XX que se transmite a través del manual de Ciencias Sociales de la Editorial Vicens Vives para 4º curso de la E.S.O creo necesarias realizar una serie de puntualizaciones, dado que  desde sus páginas se alienta una versión de nuestra historia reciente totalmente sesgada y alejada de lo que realmente fue. Así pues con la  objetividad que se deriva del estudio veraz y objetivo de los hechos acaecidos, basado en las fuentes documentales y testimonios reales, es mi propósito señalar las falsedades y subsanar los vulgares y falsos estereotipos que en él se afirman.

 

 

Considero que va siendo ya oportunidad de restituir el rencor y la irracionalidad de muchas de las afirmaciones que en este y otros textos se vierten sobre estos años de la Historia de España, por la serenidad y el sentido común, y en consecuencia, por el reconocimientos de los hechos tal y como fueron.

 

A través de esta serie de rectificaciones me propongo principalmente restituir la falsa imagen que se quiere transmitir de la figura de Francisco Franco, pues de la lectura de las lecciones que a él y su Régimen se dedican, se hace un flaco favor a la verdad, presentando su figura como la de un general que dio un golpe de estado para arrasar la legalidad republicana, y que instauró un régimen fascista, que oprimió violentamente a los españoles.

 

  Desde los capítulos dedicados a la II República se encuentran las primeras afirmaciones poco certeras.

 

En el capítulo De la Monarquía a la República, reproduzco las líneas que se dedican a la Constitución de 1931, para un posterior análisis más veraz:

 

“La Constitución tenía un carácter democrático y progresista, pero no obtuvo el consenso de los partidos conservadores, que no aceptaron algunos de los artículos referentes a las cuestiones religiosa y autonómica.  (…) Proclamaba la aconfesionalidad del Estado, se respetaban todos los cultos y creencias (…) Se respetaba el derecho a la propiedad privada, pero se facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública”.              

 

Creo que  reproducir parte del precepto constitucional dedicado a la cuestión religiosa es suficiente para percibir la animosidad belicosa y poco democrática que de él se derivaba, además del desamparo en que quedaban aspectos tan importantes como el de la libertad religiosa.

 

 

Desde los primeros momentos del régimen republicano, pero ya sin duda tras la aprobación de la Constitución, la República fue sinónimo de laicismo, ateísmo y persecución religiosa.

 

Siguiendo con la cuestión religiosa en el capítulo El Bienio Reformista(1931-1933) hay algunos fragmentos que.. conviene reproducir para  a continuación aclarar la verdad de los hechos:

“Con la reforma religiosa se intentó disminuir el peso de la Iglesia católica y su influencia en la educación”            

 

Sobre este tema conviene aclarar que los dirigentes republicanos, estaban imbuidos de un anticlericalismo agresivo y pasional. Su primera manifestación fue la quema de conventos realizada al mes escaso de haberse proclamado la República. Pudiera resultar explicable que la acción sorprendiera a los Poderes Públicos y no les diera tiempo a evitarlo. Pero el desarrollo de los acontecimientos demostró la criminal inhibición, si no la complicidad del Gobierno en unos desmanes que se estaban cometiendo en la misma capital de la nación, y que se extendieron por numerosas capitales de provincias españolas.

 

 Más que intentar disminuir el peso de la Iglesia, sería más correcto decir que la República luchó contra ella con procedimientos gubernativos y legislativos. Entre ellos la expulsión del Primado de España, Cardenal Segura; la disolución de la Compañía de Jesús, con incautación de sus bienes, y las limitaciones impuestas a las restantes Ordenes Religiosas, tales como la prohibición de dedicarse a la enseñanza, lo cual constituía un atentado a los derechos de la Iglesia y una ofensa a los sentimientos católicos de la Nación.  

Siembran la idea de que la iglesia Católica se sumó al bando rebelde. Y la realidad es que eran solo dos bandos; en el llamado  Nacional, la iglesia siguió siendo iglesia; en el llamado Rojo, se procedió a su exterminio.

 

En el capítulo El estallido de la Guerra Civil, se citan entre las causas profundas que la desencadenaron las siguientes:

 

Respecto a la falsedad de esta afirmación, solo habría que acudir a la hemeroteca y hojear la prensa de aquellos años, para verificarlo.  España arrastraba una situación de decadencia económica grave,  y si bien es cierto que la República de 1931 fue recibida con esperanza de reformas que condujeran a España por el camino de la modernidad, la realidad es que fracasaron, y la República derivó en un periodo de graves desordenes, quiebra económica, paro, luchas sociales que tuvieron su representación más alta en la Revolución de Asturias de 1934, y la desintegración de la unidad nacional, con la proclamación del Estado Catalán. Realmente en la España de 1936 no era posible la paz, pues un poco más de media España se aprestaba a destruir a la otra media y no quedaba ningún poder arbitral para evitarlo.  En el orden social, el Gobierno no emprendió la solución de los graves problemas que la economía española tenía planteados, como consecuencia de un siglo de abandono liberal, de una forma constructiva y dinámica, sino que prefirió ceder a la demagogia en la calle y tolerar que los derechos de propiedad, incluso aquellos socialmente más eficaces, fueran atropellados, sin, en contrapartida, instrumentar una legislación que pusiera orden en la estructura económica. El resultado fue el abandono de muchos cultivos, la disminución de la producción industrial y el incremento consiguiente del paro y la miseria, con lo que se perjudicó a ambas partes en litigio, sin beneficio para nadie, y se creó un estado de tensión social y de agresividad que dio lugar a luctuosos sucesos a lo largo de toda la geografía nacional.

 

La frase más dramática pero cierta era que “al menos media España no estaba dispuesta a morir”.  

 

Reproduzco aquí una valiosa justificación del Alzamiento en palabras del Conde de Barcelona, D. Juan de Borbón, declaraciones que realizó en Londres con motivo de la boda de la actual reina Isabel II: “La Guerra civil era una guerra contra lo antiespañol y un movimiento elemental de salvación contra la anarquía en que había desembocado la República”.

 

Entre los argumentos procedentes de personalidades poco sospechosas de simpatías a la España de Franco, es reveladora la descripción que hizo Salvador de Madariaga de la vida diaria a partir del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936: “surgen por doquier asesinatos de personajes políticos de importancia local, a veces atentados contra una figura nacional…Había entrado el país en una fase francamente revolucionaria; ni la vida, ni la propiedad contaban con seguridad alguna…”

 

Concluyo este punto con unos pocos datos aclaratorios, que fueron dados  por Gil Robles en una sesión del congreso del 17 de junio de 1936: “Entre el 16 de febrero y el 15 de junio habían sido destruidas totalmente 160 iglesias y dañadas otras 251; 269 personas habían sido asesinadas, 1.287 heridas; diez periódicos de la derecha estaban suspendidos y ninguno de la izquierda”. En la misma sesión, Calvo Sotelo se mostró contundente al declarar que Casares Quiroga conducía al país al caos y a la revolución, y se levantó Dolores Ibarruri, señalando a Calvo Sotelo para decirle que había hablado por última vez, vaticinio que trágicamente se cumpliría días después con el asesinato de Calvo Sotelo a manos de militantes socialistas y miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto.  

 

En el capítulo dedicado a la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid, en los comentarios que dedican a la zona sublevada, se enumeran como pretensiones de la génesis del nuevo Estado, “acabar con la democracia”, para a continuación dedicar a la represión sistemática  el siguiente texto:

 

“En las zonas dominadas por los franquistas se institucionalizó la persecución contra los partidos y sindicatos del Frente Popular o los sospechosos de simpatizar con la causa republicana. Esta represión formaba parte de las directrices fijadas por los dirigentes de la sublevación y buscaba tanto la aniquilación de la izquierda como atemorizar a la población para impedir cualquier disidencia u oposición al nuevo Estado. La represión tuvo un carácter sistemático y fue llevada a cabo por el ejército, la falange y las autoridades golpistas. Muchas personas ejecutadas durante la guerra fueron enterradas en fosas comunes sin dejar constancia de su desaparición.”                  

 

Resulta asombroso el que no se mencionen en este capítulo, ni por asomo, las  matanzas de Paracuellos del Jarama, Aravaca y Torrejón de Ardoz, organizadas sistemáticamente durante los meses de Octubre y Noviembre de 1936 por la Junta de Defensa de Madrid, con un número de asesinados superior a algo más de 5.000 personas entre militares, civiles –muchos menores de edad-, e integrantes  de la mayoría de los institutos religiosos con residencia estable en la capital:  la comunidad Agustina del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, La Orden de San Juan de Dios, los padres Oblatos de María Inmaculada, Dominicos, Escolapios y  Hnos de las Escuelas Cristianas entre otros y a la atroz persecución religiosa desplegada en toda la zona republicana, que se cobró la vida de más de 7.000 religiosos, entre obispos, sacerdotes y religiosas, en el mayor holocausto que ha sufrido la Iglesia desde la época del Imperio Romano, revistiendo el refinamiento de las torturas y vejaciones previas al martirio caracteres verdaderamente espeluznantes.

 

Tampoco se alude en los textos a las particularidades del terror rojo en España, consecuencia de la aplicación hasta sus últimas consecuencias de los postulados del terror leninista: el exterminio de los enemigos de clase, lo que llevó al exterminio de las derechas, de las clases medias, de pequeños patrones y comerciantes, y fundamentalmente de todos aquellos afectos a la religión católica, considerado como principal enemigo para el triunfo del socialismo y del anarquismo etc… Estos hechos pueden ser contrastados fácilmente en las hemerotecas y en la Causa General, y de su estudio se deshace esa inexistente república idílica, contra la que según la versión que la editorial ofrece, se alzaron militares reaccionarios, la iglesia y los terratenientes.

 

Estas afirmaciones gratuitas, sin base documental alguna fiable, están totalmente alejadas del rigor y falsean la realidad de los hechos por completo. A día de hoy hay pruebas más que suficientes para afirmar que los primeros que acabaron con la democracia fueron los socialistas, con la revolución de Asturias de octubre de 1934, ocasionando que  dos días después el Gobierno de la República proclamara el estado de guerra. Solamente acudiendo al Diario Oficial del Ministerio de Guerra, del domingo 7 de octubre de 1934, queda perfectamente clara la situación de rebeldía a la que el partido socialista incitó en el norte de España: “..A la hora presente, la rebeldía que ha logrado perturbar el orden público llega a su apogeo. En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad.

 

 

 

 

Respecto al tema de la represión institucionalizada en las zonas franquistas, lo primero en que reincido es que la guerra española estuvo precedida por unos meses de desmanes y descontrol que culminaron con el asesinato del líder de uno de los partidos de la oposición, Calvo Sotelo, llevado a cabo por agentes del Ministerio de la Gobernación.  

 

Dando por sentado que hubo represión en ambas zonas, también está claro que existieron manifiestas diferencias en el modo de ejercerla. En la zona nacional no había establecimientos penitenciarios similares a la checas dependientes del Ministerio de Fomento o del de Gobernación, ni se conocen casos como las horribles torturas inflingidas previamente a gran multitud de los asesinatos cometidos en la zona frentepopulista, aspectos todos ellos silenciados a la hora de tratar el tema de la guerra en Madrid.  Tampoco las autoridades civiles, nombradas por el Gobierno Nacional, se atribuyeron funciones judiciales como era normal en la zona roja, donde Comités sin ninguna preparación jurídica, dictaban sentencias de privación de libertad y muerte.

 

A este respecto habría que recordar o dar a conocer a algunos el carácter represivo de la ley de Defensa de la República que se aprobó el 10 de octubre de 1931. Dicha ley no era desde luego el mecanismo más adecuado para conseguir la integración de los españoles en el nuevo régimen, pues utilizar la depuración, el extrañamiento y las multas sin un previo proceso judicial no era precisamente un ejemplo de la democracia que los ciudadanos esperaban de la República. En su preámbulo se señalaban un exhaustivo repertorio de situaciones susceptibles de ser consideradas como agresiones a las instituciones republicanas, entre las que se encontraban la apología de la monarquía o la exhibición de cualquiera de sus banderas o insignias. Mucho mayor calado represivo tenían los capítulos referidos al ejercicio de la libertad de expresión, por el que se podía decretar el cierre de cualquier medio informativo, sin otro expediente que el de su libre albedrío. De hecho en los meses siguientes a su puesta en vigor, se cerraron no menos de un centenar de periódicos. Hasta tal punto llegó la situación que Unamuno, uno de los patriarcas de la República, solicitaría de las Cortes la vuelta a la ley monárquica de 1893, que otorgaba más libertad que las draconianas leyes de la República.

 

 Para más datos creo que son suficientemente aclaratorias las afirmaciones del líder socialista Francisco Largo Caballero, el 13 de noviembre de 1933: “Los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos el camino más corto. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado a la democracia burguesa e iremos a la conquista revolucionaria del poder”. Más tarde en un mitin en Linares, el 20 de enero de 1936 decía: “la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente por eso hay que ir a la Revolución”.

 

Considero que aunque resulte reiterativo hay que reseñar que fue la Segunda República quien elimino la democracia porque no respetó sus propias leyes, con la política exclusivista y antidemocrática mantenida por el Frente Popular en 1936, y no Franco, quien ya en el año 1934 defendió la legalidad republicana contra el asalto de las izquierdas en Asturias y  no participó en conspiraciones contra la República. En cambio los anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos de izquierda y nacionalistas si se rebelaron contra la legalidad republicana en diversas ocasiones. Franco fue el último en hacerlo, y solo lo hizo cuando no quedaba ni rastro de legalidad y la República llevaba a España a un completo y sangriento caos, preludio de un régimen totalitario.

 

 Resulta también sorprendente el trato que se da a los intentos de controlar la revolución social en la zona republicana, describiendo una situación bastante alejada de la realidad:    

 

“Las autoridades republicanas se esforzaron por poner fin a la represión incontrolada, encauzar el proceso revolucionario y mantener la legalidad constitucional”.                

 

Si ello hubiera sido cierto no se habría desencadenado la guerra.  

 

El apartado dedicado al Frente Popular, afirma que las elecciones le dieron la victoria aunque con escaso margen. La realidad de las elecciones de 1936, es que no fueron democráticas, y no solo por la violencia y las numerosas irregularidades que se produjeron, reconocidas por el mismo Azaña, sino también porque los resultados de las elecciones nunca se publicaron. Además la legitimidad de un sistema político exige al menos que el gobierno salido de las urnas cumpla y haga cumplir la ley, algo que nunca hizo el Frente Popular, mientras los partidos revolucionarios imponían su ley en la calle. Más aún, las reiteradas peticiones de la derecha para hacerle cumplir su deber, no sólo no encontraron  eco en las Cortes, sino que se saldaron con amenazas de muerte por parte de la izquierda, que en pocos días se hicieron realidad.  

 

El apartado Preparación para el golpe de Estado mantiene el mismo carácter tendencioso:      

“La división de derechas e izquierdas, plasmada en el resultado electoral, se dejó sentir en la calle. Los sectores más radicales de la izquierda propugnaban la conveniencia de llevar a cabo la revolución social. La extrema derecha defendía la necesidad de poner fin al gobierno del Frente Popular, mientras una conspiración militar preparaba un golpe de Estado.    

 

 

De la lectura de estas líneas, de un sectarismo estremecedor, se desprende el intento deliberado de justificar el asesinato de José Calvo Sotelo con el precedente asesinato del teniente Castillo, instructor de las milicias socialistas. Una vez más, no dejan de sorprender los razonamientos empleados, pues si un gobierno en vez de investigar el asesinato de uno de sus funcionarios, consiente que otros funcionarios cometan, como injusta venganza, otro delito más execrable, dada la representatividad de la víctima, ello es una prueba más que evidente de la total quiebra del principio de legalidad y de la ausencia del Estado de Derecho.

 

El apartado Consecuencias De la Guerra, finaliza con una de las mayores aberraciones vertidas en el texto:  

 

“La división entre vencedores y vencidos se mantuvo durante el franquismo, que siempre se opuso a cualquier intento de reconciliación entre los españoles y al regreso de los exiliados”          

 

Afirmaciones como estas, carentes de verdad alguna, ponen al descubierto el afán por reescribir la historia, presentando  de nuevo a la figura de Franco como la de un general golpista  que instauró un régimen  que oprimió violentamente a los españoles, cuando la realidad fue otra bien distinta.

 

La Guerra Civil había dado ocasión a que se cometiese un gran número de delitos, los cuales debían de ser purgados antes de que quienes los cometieron pudieran reintegrarse en la sociedad. No se concedió ninguna amnistía.  El arrepentimiento se exigía como una condición imprescindible para cualquier reconciliación. Pero también es cierto que se anunciaron el establecimiento de procedimientos que permitiesen la rápida liquidación de las sentencias que fuesen dictadas. También se admitió que la justicia militar había cometido errores en cuanto a la rigurosa aplicación de la ley y esto fue enmendado mediante una revisión general de los procesos en que las sentencias podían ser disminuidas, pero nunca aumentadas. Durante los primeros años de la década de los cuarenta se dictaron disposiciones que ampliaban sensiblemente la concesión del beneficio de la libertad condicional. El Ministro de Justicia Eduardo Aunós, declaraba al periódico Arriba, el 1 de enero de 1944, que los reos de delitos dimanantes de la Guerra estarían todos libres en el breve periodo necesario para la tramitación de sus expedientes personales. El Decreto de 9 de octubre de 1945, el Ministro de Justicia Raimundo Fernández Cuesta, declara en su preámbulo que habían sido excarcelados ya, en virtud de las disposiciones de libertad condicional y redención de penas por el trabajo, el 90% de los que fueron condenados por su actuación en la Revolución Comunista. Esto demuestra cumplidamenteque si bien en ambas zonas hubo represión, sólo en el Nuevo Estado se consolidó la aspiración a actuar con justicia y benevolencia.

 

En resumen es cierto que hubo condenas y ejecuciones después de la guerra, y también hubo algunos casos exagerados… pero los errores fueron escasos, y se puede afirmar que después de 1939 solo los delitos de Derecho Común se castigaron.

 

 

Creo importante empezar por la incorrección del término “franquismo” reiteradamente utilizado tanto en este como en otros manuales. Pues no existe propiamente el franquismo, ya que Francisco Franco no fue un pensador ni un ideólogo, y porque ninguna etapa histórica es un “ismo”, más correcto sería hablar de la Era o época de Franco.

 

Se empeñan en describirle como un dictador fascista. Ciertamente Franco hubiera podido sin duda  tomar el camino más cómodo, dejándose arrastrar por las corrientes totalitarias, pero hizo exactamente lo contrario. Extremó la prudencia en sus contactos con los países amigos. Franco fue un hombre que expresó siempre su fe católica, y siempre se acomodó a las directrices de la Iglesia Católica. Siendo la mayor preocupación de su Régimen el que la voz del pueblo se hiciera oír a través de los órganos naturales de la sociedad: La familia, los municipios y los sindicatos. De manera  que cada elemento útil de la sociedad tuviera su intervención en las cuestiones que les eran concernientes. Aspecto éste que la editorial ni siquiera menciona, a pesar de que fue uno de sus principios rectores.

 

Sin embargo lo más grave de este apartado considero que es poner en duda la imagen de la legalidad de su Régimen con afirmaciones de este tipo:

“La dictadura pretendió dar una imagen de legalidad con leyes e instituciones similares a las de una democracia, pero sin serlo. La ley Constitutiva de las Cortes españolas creo una cámara consultiva que no tenía poder legislativo… el Fuero de los Españoles era una pseudo declaración de derechos…”      

 

Esta es otra de las trampas que continuamente se repiten en la enseñanza en torno a esta época, manipulando la opinión de los jóvenes para que piensen que el Estado de Derecho tiene que encajonarse en los estrechos márgenes de la democracia de los partidos políticos (partitocracia). Pues bien, ese Estado se caracterizó por la normalidad institucional, podemos decir que el único rasgo de voluntad personal fue nombrar a través de la Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado, como heredero del Régimen, a Don Juan Carlos de Borbón.

 

La estructura jurídica creada en el Régimen de Franco es lo que ha permitido que España siga existiendo como una unidad histórica, precisamente porque existía un Estado consolidado, que además se consolida desde la nada en que había asumido a España la desintegración y violencia de la Segunda República.   El Estado en la época de Franco fue un Estado de Derecho, en el que el Derecho presidió el marco de las relaciones sociales. La legalidad instaurada por Franco implicaba una distribución de competencias dentro del Estado. En 1942 se crearon las Cortes Españolas, que constituían la representación orgánica del Estado, separando así las funciones legislativas del ejecutivo. Una vez configuradas las Cortes, el otro elemento decisivo fue la creación de una verdadera administración hasta entonces inexistente. La aprobación del Fuero de los Españoles por parte de las Cortes en 1945, supuso la plasmación del principio de legalidad como tronco del sistema, ya que el Fuero de los Españoles constituyó la consagración de derechos y deberes del individuo en cuanto tal, protección y garantía de la familia, raíz esencial del Régimen y primer reflejo de la sociabilidad natural del hombre.

 

El apartado “los apoyos sociales del franquismo”, se inicia con otra de las grandes falsedades del texto:

 

“la victoria franquista significó el triunfo de los sectores sociales que con la República temieron  perder sus privilegios: los grandes terratenientes, la gran burguesía, el Ejército y la Iglesia católica”.                                 

 

A este respecto produce bastante sonrojo tanto la falsedad de esta afirmación, como el que ni siquiera se mencione el que se ha reconocido como el mayor logro de la época de Franco. Pues la gigantesca transformación operada en el cuerpo de la nación, tuvo por primordial consecuencia la creación de la clase media, que pasó a ser el sustrato constitutivo de la sociedad española. Con este logro, desaparecían las causas objetivas que en la época anterior a la guerra, habían impulsado el enfrentamiento entre españoles. Este hecho supuso una auténtica democratización de la sociedad española, mediante el acceso de estos sectores, ya mayoritarios, al grueso de la riqueza nacional. Creo que hay que insistir en enseñar a las nuevas generaciones, que el mayor  esfuerzo y los mayores beneficios que se lograron con las políticas del gobierno, recayeron sobre los sectores de la población que habían mostrado más resistencia. Un régimen que hizo evolucionar a España de la carreta de bueyes al utilitario, del caserón de adobe a la vivienda digna, que propició que los españoles aprendieran a leer, que les facilitó un inmenso aumento del bienestar material; un sistema que procuró orden, paz social, bienestar, seguridad, no es un régimen preocupado por satisfacer a las clases más favorecidas, tal y como se afirma desde las páginas de este manual.

 

En el apartado de Las relaciones exteriores, empieza señalando que “En 1939 Franco dio su apoyo incondicional a las potencias del Eje.” 

 

También con esta afirmación se hace un flaco favor a la verdadera historia de los hechos, pero nada como recordar la entrevista de Franco con Hitler celebrada en Hendaya el 23 de octubre de 1940 para aclarar los hechos: Hitler en la citada entrevista trató de persuadir a Franco para que España entrara en la guerra,  a lo que Franco se negó rotundamente, dado que la situación de España al término de la terrible guerra civil, necesitaba más que todo la paz.  Nunca existió entre España y Alemania ningún compromiso que pudiese obligar a España a participar en un conflicto armado. Si hubiese dado su apoyo incondicional a las potencias del Eje, como se afirma en el texto escolar, España habría entrado en la guerra, tal y como solicitó  la Alemania de Hitler.

 

 

“la victoria franquista significó el triunfo de los sectores sociales que con la República temieron  perder sus privilegios: los grandes terratenientes, la gran burguesía, el Ejército y la Iglesia católica”.                                    

 

No faltan las alusiones sectarias en torno a la política de autarquía y el estraperlo. Aunque son elementos dignos de mención en aquel momento, sería más justo  resaltar el papel determinante de las circunstancias exteriores en el agravamiento del hambre, en particular las restricciones impuestas por Gran Bretaña durante la guerra mundial, y el bloqueo internacional posterior (pese a los cuales el hambre fue reducida pronto, y por dos veces, al nivel de los tiempos republicanos, y desde luego, por debajo de la padecida en el Frente Popular durante la guerra civil). Ello queda bien reflejado en las cifras de mortandad por inanición, que pueden completarse, en el mismo sentido, con las de mortalidad por enfermedades.  

 

Con todo, el autarquismo se debilitó con rapidez en la década de los 50, una vez fracasado el bloqueo, y en los años 60 se adoptó el modelo económico entonces predominante en el resto de Europa, por cierto que con éxito sin precedentes en la historia de España, anterior o posterior.

 

Franco, si bien no era precisamente un economista —como no lo son la mayoría de los jefes de gobierno—, prestaba atención a esos problemas, y a instancias suyas se fundó la primera Facultad de Ciencias Económicas de España, después del precedente de los estudios superiores de Deusto, cerrados por la república.

 

En cuanto al mercado negro y el “estraperlo”, surgen cuando se intentan imponer precios políticos. En los países socialistas esos fenómenos fueron permanentes, y en Cuba siguen, como parte de la vida social. En España desaparecieron durante los años 50.  

 

En el apartado  “El franquismo en Madrid”,  aparte de considerar ridícula  e insuficiente la circunscripción del estudio de una época a la ciudad en que estudian nuestros escolares, en este contexto no puedo más que reproducir un texto vergonzoso dese el punto de vista de la verdad histórica:  

 

“Las nuevas autoridades no perdonaron a la capital su fidelidad a la República. La situación era más grave debido al enorme terror existente. Cualquier queja o manifestación de descontento podía significar la pérdida de empleo, la detención e incluso la cárcel. Las viejas élites sociales (burguesías locales e iglesia, en alianza con los miembros y jefes de Falange, crearon un entramado de poderes locales y provincial (alcaldes y gobernadores) que controlaban la vida madrileña y constituían la base social del franquismo”.              

 

No voy a volver a aludir al tema de la represión, ni de la base social, que considero  justamente tratados en los apartados anteriores.

 

No obstante el texto escolar reincide de forma reiterada sobre la represión con este otro comentario que me limitaré a citar: “la represión franquista fue muy dura y selectiva. Madrid fue también la capital de esa represión pues, de forma periódica, se llevaban a cabo grandes procesos o cumplimientos de penas de muerte.”

 

En el capítulo dedicado a La reorganización de las fuerzas políticas y sindicales, no puedo evitar la reproducción de un texto que pone en evidencia una vez el más el sectarismo.  

 

“En 1964 se fundó Comisiones Obreras. Esta organización impulsó las reivindicaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo et…) y políticas”.          

 

Y ello sin haber dedicado una sola línea a la prioridad social que guió la política de esta etapa, y de donde arrancan las mayores conquistas sociales, por lo que creo necesario aludir aunque someramente a ellas:

 

Fue el 9 de marzo de 1938 cuando Franco dicta la Ley del Fuero del Trabajo, como punto de partida de lo que posteriormente se fue desarrollando en política social y de empleo a favor de los trabajadores. Yo recomendaría su lectura, ya que es más propia de los partidos socialistas de la época, que acorde a una ley de origen dictatorial. El 1 de septiembre de 1939 se dicta la Ley del Subsidio Familiar y el 23 de septiembre de 1939 la del Subsidio de la Vejez, cuya intencionalidad era proveer de recursos a aquellas familias y personas mayores que carecían de los mismos para poder subsistir. Ya en 1940 y 1942 se dictaron las leyes del Descanso Dominical y Días Festivos, así como y la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad, antecesora de la Seguridad Social universal actual y que trajo consigo la construcción de una red sanitaria provista, con el paso de los años, de 292 hospitales, 500 ambulatorios, 425 consultorios y 96 residencias concertadas.

 

Entre 1944 y 1959 se pone en marcha el contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para la mujer trabajadora y garantías sindicales (26-01-1944), paga extraordinaria de Navidad (1941-1944), paga extraordinaria del 18 de julio €hoy de junio€ (18-07-1947), reforma del INP para una mejor cobertura (14-06-1950), accidentes de trabajo (22-06-1956), convenio colectivo (24-04-1958), mutualidad agraria, que supone la cobertura de 2.300.000 trabajadores del campo por cuenta propia o ajena (23-04-1959).

 

El seguro de desempleo se pone en marcha el 02-04-1961, la ayuda a la ancianidad el 11-06-196, la Ley de Bases de la Seguridad Social el 28-12-1963, el régimen especial agrario el 31-05-1963, la ordenanza general del campo, donde se establece la jornada laboral de 8 horas el 02-10-1969; la mutualidad de autónomos agrícolas el 20-08-1970 y la Ley del Empleo Comunitario el 23-12-1970, todo ello acompañado de un desarrollo normativo y reglamentario que aun hoy forma la base y el cuerpo doctrinal de todas las conquistas sociales y laborales de las que gozan en la actualidad los trabajadores. Hay que reconocer que en todo este cuerpo se han introducido modificaciones para adaptar la normativa a los tiempos actuales.

 

Es verdad que Franco desarrolló su política laboral y social a través de un único sindicato, el sindicato vertical del régimen, declarando ilegales todas aquellas organizaciones sindicales existentes antes del golpe de Estado y prohibiendo la constitución de nuevas. Este hecho puede ser censurable, pero también es verdad, como ya hemos apuntado, que el cuerpo doctrinal de la política social y de empleo de la actual España democrática, se nutre y tiene su origen, raíces y desarrollo, en la época de Franco. Sin valoración alguna, esto es un dato objetivo.

 

Para corroborar estos datos considero interesante aportar los comentarios de personajes del mundo de la política, poco simpatizantes con el Régimen de Franco.

 

Marcelino Camacho

 

José María de Areliza

 

 La guerra civil dejó a España arruinada. En el capítulo material, 300.000 viviendas y 200 pueblos quedaron total o parcialmente destruidos así como 20.000 iglesias; casi el 40% de las carreteras y los puentes eran inviables. Entre el 40 y el 70% del parque móvil ferroviario inutilizado. Mas del 23% de la superficie agrícola no se labraba y. el 31% de la industria quedó fuera de juego. Si a esto se une la expoliación casi total de las reservas de oro y divisas y la enorme deuda contraída, el panorama era desolador.  

 

Pero con ser grande la bancarrota material, mayor era el desastroso estado de la población. Según datos del Servicio Histórico Militar en los tres años bélicos se habían producido en números redondos 300.000 muertos en campaña, 155.000 fallecidos por causas naturales y unos 190.000 exiliados no recuperables. Quedaban 24 millones de habitantes en su mayoría reducidos a la condición de proletarios agrícolas e industriales con un 70% sin trabajo, un 23,7% de analfabetos y solo un 18,2% con nivel de vida asimilable al de las clases medias.

 

En tales circunstancias, Franco volcó los esfuerzos del Estado hacia una vertiginosa reconstrucción nacional y a la búsqueda de fórmulas que paliaran la gravísima desigualdad social heredada. Para esto último planteó una política en dos direcciones: Por un lado se lanzó a crear un sistema de seguridad social, antes ni siquiera soñado, que acabaría cubriendo las situaciones de vejez, viudedad, orfandad, desempleo, jornada laboral reducida, vacaciones pagadas y una red de asistencia sanitaria con atenciones médicas y hospitalarias modélicas que aún subsisten. De otra parte se empeñó en elevar la cultura de las masas proletarias como único medio de arrancarlas de su ancestral subdesarrollo.  Franco inauguró la época de paz más larga que ha vivido España, y dejo un país reconciliado y próspero.

 

En el capítulo dedicado a “La mujer en el franquismo”,  reproduzco los textos necesitados de indispensable matización:      

 

“el franquismo supuso el fin de la democracia y de las libertades para todos los españoles, pero para las mujeres mucho más: la pérdida de todos los derechos que habían conseguido durante la Segunda República, y la consolidación de un sistema de valores machista que las retornaba al hogar y las consideraba inferiores, tanto jurídica como legalmente”                      

 

El texto introductorio a la situación de la mujer durante el franquismo hace gala de un desconocimiento absoluto sobre el tema. Creo que para rebatirlo será suficiente dar una serie de datos objetivos : En primer lugar, por exigencia de aplicación de las Leyes Fundamentales que rigieron la España de Franco, se confió a la Sección Femenina importantes funciones en torno a la promoción de la mujer, ya que el ideal de justicia social que primo en todos los ámbitos, requería necesariamente elevar el nivel social de la mujer, eliminar la discriminación, y dotarla de los mismos derechos que el hombre y las mismas posibilidades de ejercerlos. Para ello se aprobaron la Ley de los Derechos profesionales y de trabajo de la mujer, en los años 1961 y 1966, que afectaron y modificó  radicalmente la situación de la mujer en la sociedad española, marcando una línea divisoria entre antes y después de 1961. Con esta Ley elaborada por la Sección Femenina, la mujer alcanzó la mayoría de edad en los campos profesional, social y político, y en una segunda etapa, con la reforma del Código Civil de 2 de mayo de 1975.

 

La destacada presencia y participación de la mujer en la vida cultural y educativa general y universitaria. La incorporación decidida de la mujer a la vida laboral y profesional con la integración de más de un millón de mujeres, entre 1962-1972 a la vida laboral, en menos de diez años, son un claro reflejo del avance social.  

 

Por la ley de 1961 se reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, suprimiendo restricciones y discriminaciones. Muchas mujeres, hoy magistrados, fiscales y jueces, lo son y pudieron serlo, gracias a las leyes promovidas por la Sección Femenina y aprobadas en las Cortes.  

 

Por la ley de 5 de abril de 1968, se dio un paso importante en la vida de la mujer casada a la que se le otorga la condición de ser electora y elegibles en las elecciones Municipales, ya que hasta entonces solo podían participar como elegibles los cabezas de familia.  

 

Durante la segunda etapa del Régimen de Franco se consiguió totalmente el reto consiguiendo una auténtica promoción social de la mujer en España, que culminó con la reforma del Código Civil en la ley de 2 de mayo de 1975, por la que se abre las puertas al reconocimiento de que la mujer casada, es una persona adulta, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, eliminándose todos aquellos preceptos que exigían la autorización del marido para actos y contratos otorgados a la mujer, cual si fuera toda su vida menor de edad.  

 

La acción de la Sección Femenina se plasmó por tanto en una mayor presencia de la mujer en el campo cultural, profesional, social y político.  

 

Para concluir esta serie de rectificaciones únicamente mencionar que en el apartado dedicado a la Época del desarrollismo ( 1957-1973), aunque no se dejan de mencionar los planes de Estabilización y el auge económico, se culmina con una última falaz y  gran mentira diciendo: