¿Qué fue el Frente Popular?

 

 

 

   Fue una anomalía, por su violencia física, pero sus líderes lo justificaban alegando que habían sido unas elecciones democráticas y que representaba los intereses del “pueblo”.

 

   Incluso más que en una mitificación de la II República, la Ley de Memoria Hístórica (LMH) descansa en tres ideas sobre el Frente Popular:

   a) Que su poder era legítimo por provenir de unas elecciones democráticas;

   b) Que continuaba a aquella república tan idealizada;

   c) Que representaba la libertad y los intereses del “pueblo” frente al ansia de las derechas por mantener sus “privilegios”. ¿Qué hay de todo ello?

 

   Las elecciones de febrero de 1936 fueron anómalas por su violencia física –varios muertos en la campaña electoral—y política con amenazas de “exterminio” por parte de las izquierdas, y de no admitir una victoria derechista, como en las elecciones de 1933.

 

   Para el Frente Popular, la república pertenecía a las izquierdas y la derecha carecía de “títulos”, según decían, para gobernar aunque ganara en las urnas.

 

 

   Del rigor en el recuento de votos, dice Alcalá-Zamora:

   “Manuel Becerra (…) conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% menos las actas, cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis“.

 

   Y corrobora Azaña:

   “Los gobernadores de Portela (que debían garantizar el escrutinio) habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines“.

 

   El propio Portela Valladares, obligado a presidir los comicios como jefe del gobierno, huyó despavorido y la segunda vuelta electoral se realizó bajo la autoridad del propio Frente Popular, que se había declarado vencedor en medio de tales coacciones.

 

   A falta de cifras oficiales creíbles sobre los votos reales, los historiadores han hecho estimaciones muy variadas. Hoy se supone un empate en votos entre izquierdas y derechas, pero con enorme desigualdad en diputados. Desigualdad aumentada por las Cortes de mayoría izquierdista al despojar arbitrariamente a las derechas de decenas de sus escaños y repetir elecciones en Cuenca y Granada bajo el signo del terror.

 

   Considerar democráticos aquellos comicios solo arroja luz sobre la mentalidad y propósitos antidemocráticos de quienes tal afirman. Y que sin duda no los tendrían por legítimos de haber sido las izquierdas las perjudicadas por tales métodos.

 

 

   Si la legitimidad de origen del gobierno izquierdista es mucho más que dudosa, su posterior ejercicio del poder aún la empeora. El Frente Popular se componía, de hecho o de derecho, de los mismos partidos y políticos que habían intentado golpes de estado al perder las elecciones de 1933 y habían asaltado la república en octubre de 1934.

 

   Por lo tanto no cabía esperar de ellos el menor respeto a la Constitución, pese a tratarse de una Constitución impuesta por las mismas izquierdas y que las divididas derechas no habían logrado reformar.

 

   Azaña clamó que el poder no saldría ya de manos izquierdistas, a las que identificaba con “el pueblo”.

 

   Y de inmediato se desató una oleada de agresiones. Antes de un mes, Azaña recuenta: “Creo que van más de 200 muertos y heridos, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias”. Señala también acosos y apaleamientos a militares, quema de registros de la propiedad y de periódicos derechistas.

 

   Era solo el comienzo. En cinco meses hubo entre 300 y 400 asesinatos y muertes en disturbios, ardieron cientos de iglesias, obras de arte, archivos y locales de derechas. Se ocuparon ilegalmente miles de fincas, acompañadas de talas brutales. CNT y UGT rivalizaban en promover huelgas salvajes y sus militantes se asesinaban a veces entre sí.

 

   La economía se derrumbaba y el desempleo creció en flecha. Se trataba de un proceso revolucionario, y el gobierno lo amparaba. Así, la legalidad republicana, ya quebrada en las elecciones, sufrió una sistemática devastación.

 

   El gobierno persiguió a las víctimas en lugar de a los revolucionarios, suprimió cualquier independencia judicial y cometió ilegalidades como la citada revisión de actas o la destitución del presidente Alcalá-Zamora.

 

   Mientras, en las Cortes eran amenazados de muerte los representantes derechistas que denunciaban la situación y exigían al gobierno que cumpliese e hiciese cumplir la ley. El proceso revolucionario culminó en el asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo, a manos de policías y milicianos socialistas.

 

 

   Las izquierdas suelen justificar tales sucesos con la argucia de que, en definitiva, ellas representan “al pueblo” y las derechas solo a unas oligarquía privilegiadas. Pero una vasta mayoría del pueblo votó en 1933 por las supuestas oligarquías privilegiadas, y al menos la mitad volvió a hacerlo en 1936.

 

   Por otra parte, los pretendidos representantes del pueblo trajeron a obreros y campesinos, en el primer bienio y en 1936, más hambre, miseria y paro que nunca… aliñados con la siembra de odios viscerales.

 

   Estos hechos están perfectamente documentados, y si no los sustituimos por sofismas retóricos, explican cómo el Frente Popular, lejos de continuar la República, acabó con su legalidad y perjudicó gravemente a todo el pueblo, desde los empresarios a los jornaleros.

 

   Quienes ocultan o minimizan hechos tan reveladores, se autorretratan nuevamente de un modo nada tranquilizador para la paz y la democracia españolas. Y no menos inquietante es su empleo de fraseología seudo reconciliadora.