La Ley de Memoria deja en el aire la Cruz del Valle de los Caídos, por Andrés Bartolomé

El Gobierno exhumará a Primo de Rivera, pretende ilegalizar la Fundación Franco y establece un nuevo régimen sancionador

Andrés Bartolomé

La Razón

En junio de 2018, quince días después de estrenarse como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se marcó como objetivo prioritario exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y anunció que pretendía convertir el Valle de los Caídos en «un lugar de memoria». Tras un laborioso proceso judicial, Franco reposa en Mingorrubio desde el 24 de octubre de 2019, el Ejecutivo está a un paso de quedarse con el emblemático Pazo de Meirás, y con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática -pendiente de su tramitación parlamentaria- pretende ilegal i zar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), convertir Cuelgamuros en un cementerio civil y expulsar de allí a los monjes benedictinos que, según Moncloa, «se lo han ganado a pulso» por su oposición a que se trasladaran los restos de Franco.

Con el nuevo articulado, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos será un hecho. Pasará a depender de Patrimonio Nacional y el Gobierno tendrá que decidir el futuro de la gran Cruz de Cuelgamuros, que sus socios de Podemos pidieron derruir en 2018 aunque, en mayo del año pasado, el Grupo de Izquierda Confederal. planteó en el Senado la demolición de todo el complejo. La intención última sería la creación allí de «un lugar de memoria como los que existen en otros países de Europa», según fuentes de Moncloa.

Finalmente, se confirma que los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados, como ya había planteado el Ejecutivo. Bolaños insistió en que «no podrá haber ningún cuerpo de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos», y el líder de la Falange se cambiará de sitio en la basílica o irá al lugar convenido con su familia.

El proyecto de ley recoge la extinción las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Es la fórmula que estableció el informe emitido por el CGPJ tras advertir de que la disolución de la Fundación Franco podría suponer un delito de persecución ideológica o menoscabo de la libertad de expresión.

En el caso de la Fundación Francisco Franco, su disolución no puede ser inminente. «Una vez que hay causa de extinción por enaltecimiento» o «por humillación de las víctimas, se inicia un procedimiento» a instancias del protectorado que forma parte del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, «que concluirá con un expediente administrativo que derivará en un procedimiento judicial», explicó Bolaños. En definitiva, un magistrado tendría la última palabra sobre esta y las demás fundaciones bajo la lupa de Moncloa: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Yagüe, Fundación Pro-infancia Queipo de Llano, Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Suñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos y Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés.

La norma quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando, además, un régimen sancionador -con multas desde los 200 a los 150.000 euros- del que carecía la Ley de Memoria Histórica. También se prevé la retirada de honores, medallas y distinciones, incluidos los títulos nobiliarios del franquismo y hasta 1976.

Como novedad, además de ESO y Bachillerato, se estudiará Memoria Democrática en Formación Profesional y en la formación inicial y continua del profesorado.

La ley recoge por primera vez de forma explícita un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública. Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas.

Se crea la figura de una Fiscalía. de Sala de Memoria Democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la Guerra Civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

Además, se señala al Estado como responsable del proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres en fosas comunes. El cálculo es que hay entre 20.000 y 25.000. La Secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de un presupuesto de 11 millones a este cometido, que cuenta con un catálogo de 304 fosas para culminar este año. Una vez se ponga en funcionamiento la ley, «arrancará el Banco Nacional de ADN», para el que «ya se ha contactado ya con empresas y forenses», según fuentes gubernamentales, con el fin de favorecer la identificación de los restos.

Para el Gobierno, «no hay verdad si no hay documentación, por lo que se garantizará el «acceso a los archivos a la ciudadanía en su conjunto».

La Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales porque ya a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros, según las mismas fuentes.